¿DE QUÉ REFORMA LABORAL SE HABLA?

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Fernando Bolea Rubio

Los sindicatos han dicho basta y no les falta razón, porque las reformas laborales en España son el cuento de nunca acabar. Siempre ocurre lo mismo. Desde sectores patronales e interesados, apoyados en todas ellas por los gobiernos rojo o azul de turno, en cada reforma se alegan motivos impactantes tales como: todo sea por los jóvenes, contra la precariedad, ahora por el alto paro de la crisis y la dualidad laboral entre fijos y eventuales.

Con falsos mensajes así, desde la reforma de 1984 que fue la gran culpable del alto nivel de eventualidad generada, “mas vale un contrato eventual que ninguno”, se decía ingenuamente; para zurcir el roto del 32% de contratos basura que esa equivocación genero, se han realizado nueve reformas laborales que han supuesto perdida general de derechos laborales y el porcentaje de eventualidad continua prácticamente igual. ¿Para que han servido? para nada de lo supuestamente pretendido, como va a ocurrir con la reforma actual si no se enmienda.
 
 Sin embargo, se acusa a los fijos de ser insolidarios con los eventuales, con la falsa hipótesis de que abaratando el despido de 45 días por año en los  improcedentes, o caprichosos diría yo -los demás son de 20-, se creará mas empleo cuando el sentido común y los números dicen que al pagar menos se despedirá mas, y por ello no habrá mayor contratación fija, porque como el decreto 10/2010 de 16 de junio no limita suficientemente la temporalidad, se seguirá utilizando en un 90% esta figura como forma de contratación. Si por la experiencia y su contenido se sabe que  con esta reforma, como las anteriores, no va a servir para mejorar el estado de la eventualidad, ni para crear empleo, para que la van a aceptar los trabajadores si sería volver a perder todos de nuevo sin que nadie se beneficie.

Sorprende que acaso no se piensa, que los jóvenes desempleados y eventuales no son los hijos y las hijas de los banqueros, sino de los trabajadores por lo general fijos de plantilla, y que por ellos sus padres darían todo lo necesario, si supieran que con su sacrificio sus descendientes iban a mejorar su empleo. Sí, hace falta una reforma, pero orientada a eliminar radicalmente el enjambre de la contratación eventual y el fraude de ley que en ella se da, para corregir de verdad el cáncer que en su día se genero. Se ha de apostar por la estabilidad laboral, la formación y la participación de los trabajadores en la empresa, creyendo en las personas, para mejorar la competitividad; no en sistemas laborales injustos para unos y ineficaces para todos como la actual reforma establece. Y claro está, en esta orientación no sirve el contrato único con bajas indemnizaciones por tramos de antigüedad  y malo para todos, como desde sectores bancarios y universitarios fomentan; sino que ha de partir eliminando sustancialmente los privilegios patronales existentes de contratar y despedir temporales a su capricho y voluntad. Posiblemente, esta será  la primera decisión política que el Gobierno tendrá que tomar después de las presiones sindicales organizadas, si las mismas son masivamente apoyadas por los trabajadores como intuyo que ocurrirá.

El fin real de esta reforma es que se pague menos por despedir. Con la ampliación del contrato de fomento de la contratación indefinida con 33 días en caso de despido improcedente, las indemnizaciones de 45 días tienen los años contados. Si no se evita,  pronto serán historia. Y así, en los despidos fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, el despido será una ganga empresarial, con los ocho días que el Fondo de Garantía Salarial aportará temporalmente al despido de 20. Pero, no se dice quien pagará en el futuro esos días que se le reducen al empresario y se ha de hacer, porque no se podría admitir que los propios trabajadores financiaran parte de sus despidos con aportaciones directas o por medio de sus impuestos. Todo ello con la duda de que puede ser una reducción de 20 a 12 días por año trabajado en dos velocidades, esta primera así y otra posterior mucho mas fácil de llevar a cabo, retirando en una noche de niebla la contribución del FOGASA o de otro tipo, y se habrá dado otra vuelta de tuerca al derecho laboral español, que por cierto esta perdiendo contenido social hasta límites intolerables y se debe recuperar, en beneficio precisamente de los jóvenes, los eventuales y los parados.

La tesis debe ser la siguiente, si la indemnización por la finalización del contrato temporal en el 2015 se cifra en 12 días, dejando a la vez en la práctica el despido fijo por motivos económicos también en 12, quizás se cree que no habrá ninguna razón empresarial para preferir un contrato temporal a uno fijo, dado que además en los despidos no justificados la indemnización será también de 12 días menos al pasar de 45 a 33. Pues bien,  puede parecer un criterio razonable pero en mi opinión no lo es, porque se seguirá contratando eventuales, si no se limita en mayor medida esta modalidad y se paga mas por la contratación eventual, al menos 15 días en vez de 12 en 2011. En los noventa, en Japón a los eventuales del sector de automoción les pagaban mas que a los fijos para compensar su estado y, mientras eran jóvenes, rechazaban ser fijos porque cambiaban de empresa y ganaban más. Se han de limitar y dar mas valor económico a las contrataciones eventuales, para que las fijas florezcan de una vez.

A todo esto hay que añadir lo que ocurría en la práctica, en las salidas por causas económicas. Hasta ahora, tanto en los despidos individuales como los colectivos, salvo en casos contados nadie se iba con 45 días (aunque el Ministerio de Trabajo y la CEOE digan lo contrario), pero tampoco con 20 como marcaba la ley en caso de pérdidas, porque la media de las mediaciones que se realizaban las situaban en torno a 30 días, debido a la defensa sindical y jurídica que recibían los trabajadores afectados, porque en muchos casos había fraude de ley en los contratos y las empresas preferían pactar antes que arriesgarse a perder en Magistratura y tener que abonar 45, o por el temor de que la autoridad laboral rechazara el expediente correspondiente. Y, además, porque según se ha podido detectar en el SAMA, se daba un hecho destacable y esto también hay que decirlo, en el sentido de que bastantes empleadores querían quedar bien con sus empleados y, si estos sabían que las perdidas alegadas eran ciertas, cuando veían que la indemnización era razonable la aceptaban y dentro de la gravedad de la situación, las partes terminaban bien su relación laboral.

 Por tanto, si se han ampliado las facultades del empresario para despedir y por ello los fraudes en la contratación y los despidos no justificados e innecesarios no van a aflorar lo suficiente, hay que llegar a la conclusión de que los trabajadores que se vean en estas circunstancias, en muchos casos, perderán diez días de indemnización por este tipo de despidos, mientras las empresas se ahorran realmente dieciocho (30-12), lo cual me parece exagerado e injusto. Lo que dará pie, para que se cometa el mayor error que se ha producido nunca en una reforma laboral, porque en pocos meses se puede incrementar en mayor medida el desempleo, sin que la contratación fija avance una décima,  porque tal como queda hasta ahora la ley, resultará mas barato y atrayente hacer uso de las prerrogativas de la eventualidad, al adquirirse menos compromisos contractuales. Solo si llega a suponer mas coste e impedimentos legales a las empresas y no al revés como con esta reforma ocurre, la temporalidad se reducirá.

No obstante, lo mas sorprendente es que se hayan incrementado las facilidades para despedir por asuntos económicos, cuando los despidos objetivos son un autentico colador para despedir e incrementar las cifras del paro durante esta crisis. El método era tan alarmante (ahora aún lo es mas) que bastaba con dar una carta al trabajador con una comunicación así de simple: “la dirección ha decidido proceder a la extinción de su contrato de trabajo, por causas objetivas. La grave crisis económica actual ha afectado a nuestra empresa lo que justifica su despido. Ponemos a su disposición la indemnización de 20 días que le corresponde. El despido objetivo será efectivo en un mes” –ahora este plazo se ha reducido a 15 días-. Lo dicho anteriormente es copia de un escrito real. Con este sencillo tramite, el afectado se veía en la calle y sin ver ni comprobar un solo número,  para saber si las causas de despido alegadas eran ciertas o no. Con todo así, ¿no era suficiente la flexibilidad de despido existente? ¿Cómo era posible que la patronal pidiera mas facilidades para despedir, si ya las tenían todas para proceder a su voluntad, sólo con el inconveniente de que con fraude en la contratación o en las causas el despido costaba más caro? Así, ¿que ha hecho ahora el ejecutivo? pues nada más ni nada menos que, premiar el vergonzoso fraude que existe en el sistema laboral español, al abrir de par en par las puertas del despido objetivo, para que salgan por ellas los trabajadores, su honor y la basura de los abusos empresariales que van a quedar impunes. Recientemente he oído decir que, el Gobierno o lo tiene todo muy meditado o es que lo han engañado. No sabría que decir, quizá que en temas laborales no parece muy enterado, por los errores que acaba de cometer y que debería enmendar.

Desde sectores económicos se critica la falta de impacto de la reforma en la negociación colectiva. Es curioso oírlo, por que no hablan claro diciendo lo que en realidad se pretende y lo sabremos todos. Acaso olvidan que mas del 95 % de las empresas españolas son pymes, de menos de siete trabajadores y que debido a ello necesitan disponer de una estructura de negociación general, porque sin ella por su pequeño tamaño y falta de fuerza sindical no tendrían convenios; o es que esta debilidad la recuerdan muy bien y con la idea de anular sus demandas lo proponen. Sin duda, la ultima hipótesis es la mas certera. Siempre debe haber convenios sectoriales nacionales o de comunidad, no tienen tanto sentido los provinciales pero las patronales locales se oponen a su desaparición, porque con su negociación justifican en parte su razón de existir. Las medianas y grandes empresas no hay que modificar nada sustancial, dado que se rigen por convenios de empresa y en ellos se puede negociar todo lo que las partes deseen y la modernización exige, como por ejemplo ocurre en el sector de automoción, en cuyos convenios figura la jornada irregular, sistemas de colaboración y participación de los trabajadores en la empresa, el mas real y efectivo sistema de flexiseguridad que se puede implantar en la nación y muy superior tanto social como industrialmente, a lo existente en países que aquí sectores universitarios proponen como referencia.

 ¿Cuál es por tanto, el objetivo patronal, bancario, económico y que desde organizaciones de ejecutivos persiguen? En realidad es muy fácil de saber, porque los sindicalistas llevamos varios años oyéndoselo decir sobre todo a los ejecutivos de personal: que no exista la negociación colectiva a ningún nivel, ni de empresa, ni de comunidad, ni de carácter nacional; al objeto de volver a implantar la carente negociación individual trabajador-empresa, por medio de negociaciones personales cuando las hubiera y sin el apoyo colectivo de los compañeros y sin los sindicatos detrás. A este fin se ciñe asimismo, la encarnizada batalla por los descuelgues de los convenios. Los saláriales están pactados en la práctica totalidad de los convenios en vigor, para empresas con dificultades económicas y no es necesario que la nueva ley se ocupe de ello; pero no, poco a poco se sabe más y ya ha dicho en la SER el vicepresidente de la CEOE, que los descuelgues deben ser en todo el contenido del convenio firmado: salarios, jornada, vacaciones, categorías profesionales, medidas sociales, de salud y seguridad. Otra pieza a batir por la patronal es, eliminar la retroactividad de los convenios, de manera que en cada negociación se empezaría de cero. Evidentemente, todo esto no lo van a permitir ni los trabajadores ni los sindicatos y haría bien el Gobierno en hacer lo propio, antes que el movimiento sindical se lo exija. Eliminar la negociación colectiva, o reducir su influencia, sería lo mas grave que podría ocurrir tanto para los intereses de los trabajadores como los de las empresa serias, competitivas y con proyección de futuro. A los catedráticos que proponen esta medida, deberían pasarse por los vestuarios de los trabajadores para adquirir sentido común y realismo. A ellos les iría bien y a los trabajadores mejor, si se libraban de oír tanta desfachatez.

Tal como se va demostrando a lo largo de los años, los trabajadores y los sindicatos españoles son gente conformada. Se han alcanzado unas condiciones laborales que aun sin ser las ideales, garantizan derechos y en parte tienen en cuenta el valor del trabajo y se reivindica muy poco más, siendo los salarios, la jornada, la salud y las mejoras sociales lo principal. Y ya esta. Pero, desde la otra parte no paran, consiguen una ventaja e inmediatamente quieren otra, acaba una reforma laboral y como ocurre con la que acaba de nacer, ya hay seres inquietos aun sin sombrero, puro y frac que hablan de la necesidad de una siguiente, parecen insaciables; aunque posiblemente influye el hecho, de que haya demasiadas entidades pagando estudios a personas que, para justificar sus altas minutas, presentan escenarios económicos y laborales irreales e interesados. Con esta política los empresarios y ejecutivos no buscan la estabilidad laboral en sus negocios, sino un estado de guerra sin cuartel con sus plantillas, que también sirve a veces para justificar la existencia y los salarios de grandes departamentos de recursos humanos, mientras se critica que los delegados sindicales tengan unas horas al mes para representar a sus compañeros. ¿Así piensan alcanzar la excelencia empresarial? Sólo hallaran enfado e incomprensión a su alrededor.

Estos días, el presidente de la reforma de 1984, el amigo Felipe González ha afirmado: “quizá me equivoque, pero los salarios deben crecer lo mismo que la productividad”. Pues sí, se equivoca, aunque estoy seguro que como en aquel año, sin mala intención. En uno aun late su corazón felipista, pero en mi modesta opinión, no debe ser como él dice por lo siguiente: Podría asumirse siempre que la inflación no supere la cifra de la productividad, pero en ningún caso si esta es superior a aquella, por la pérdida de poder adquisitivo de las familias y su repercusión negativa en el consumo. Así, si una viene siendo en España en torno al 1% y el índice de precios sube un 3%, el que la perdida fuera de 2 puntos en un año y en el siguiente posiblemente también, sería entrar en una escalada de pérdida salarial que ni los asalariados ni la economía soportarían. Menos si cabe, al ser los salarios medios  españoles los penúltimos mas bajos de los  30 países mas desarrollados de la OCDE. A lo que añadiré que, ahorrar en salarios al final supone pérdidas. No sólo hay que pensar en recortar en el coste laboral, sino en la totalidad del gasto, debido a que los salarios solo suponen entre un 12% y un 17% del gasto total. A veces como ocurre en algunas fabricas de automoción, el coste de marketing es superior al laboral, siendo la logística y otras partidas mas propicias para contener el gasto, hablando en términos de política social y de competitividad.

Lo ideal sería que la reforma acabara su tramitación parlamentaria, limitando sustancialmente las posibilidades de la eventualidad, para ir corrigiendo totalmente este defecto de la legislación en pocos años. Se ha de pensar que las personas no  son un mal necesario, sino el verdadero valor económico y de progreso de los negocios.  También es bueno conocer que, hay empresas en este país, en las que se ha pactado que los trabajadores no serán despedidos en contra de su voluntad. Junto con la reforma se esta recibiendo un brutal intento de reducir el Estado de Bienestar en la Unión Europea. Por consiguiente, ha llegado el momento de dar la respuesta sindical local y comunitaria que las circunstancias requieren. ¿Hasta donde llegaran? Todo lo que nos dejemos. El capitalismo feroz a través de sus medios afines, va a por los sindicalistas y los sindicatos, porque son los únicos órganos políticos y sociales que les pueden hacer fracasar sus planes de dominio total de la clase obrera; pero, nunca lo han conseguido ni lo conseguirán. Con la negociación no ha sido posible pactar la reforma, pero los sindicatos  no han dicho la última palabra, como se demostrara con la huelga general. Da la sensación de que el Gobierno ha perdido la consideración y el respeto que los sindicatos merecen por las anteriores movilizaciones generales, pero la del  29-S lo recuperara. Eso si, el Gobierno socialista tendría que saber que no es bueno despegarse del pelotón..., si  quiere volver a ganar.

29 de junio de 2010.  Fernando Bolea Rubio Sindicalista

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