ABRIR CUBA, CERRAR GUANTÁNAMO

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José Ramón Villanueva Herrero

 

Cuando el pasado 17 de diciembre Barack Obama y Raúl Castro decidían normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, todos éramos conscientes que ello suponía un hito histórico que ponía fin a una situación anacrónica, al último vestigio de la Guerra Fría en América Latina.

Desde que en octubre de 1960 el presidente Eisenhower decretó el embargo comercial, económico y financiero, el “bloqueo”,  sobre la Cuba revolucionaria castrista, seguido de la posterior ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países en enero de 1961, el conflicto se enquistó durante más de medio siglo y, ahora, en el tramo final del mandato de Obama, y gracias a la mediación de Canadá y el Papa Francisco, el dirigente norteamericano ha tenido el coraje político de normalizar una situación que debió de resolverse mucho tiempo antes y que ni era justa ni beneficiosa para nadie: fracasada  la doctrina Helms-Burton de dureza contra la Cuba socialista, una vez más quedaba demostrado que los problemas diplomáticos enquistados sólo se resuelven por la vía del diálogo y con la voluntad sincera de llegar a acuerdos. De este modo se reparaba una injusticia histórica pues Estados Unidos, autoproclamado adalid de la democracia mundial, a diferencia de lo ocurrido con la Cuba revolucionaria, nunca sometió a bloqueo,  en aras a la supuesta defensa de los valores democráticos que enarbola en su política exterior, a ninguna de las dictaduras militares de derechas que ha tenido como aliadas y amigas en el continente americano. Como señalaba Toni Travería, “Obama ha cumplido las expectativas con sabia discreción y audacia”.

Obama,  quien prematuramente se le concedió el Premio Nobel de la Paz en 2009, tras ésta decisión histórica, y si de anacronismos históricos se trata, le queda otro importante asunto por resolver cual es la cuestión de la base norteamericana de Guantánamo en territorio usurpado a Cuba. Por ello, antes de que finalice su mandato debería cumplir su promesa de cerrar el siniestro Camp Delta, el campo de detención de prisioneros islamistas que existe en  dichas instalaciones militares, dado que  esta base naval representa, tanto en su origen como en su utilización actual, una página negra, una más, en la historia del imperialismo de los EE.UU. y una afrenta a los derechos humanos y a la legalidad penal internacional.

Sobre el origen de esta situación debemos recordar que, cuando en 1898 los patriotas cubanos con el apoyo del ejército americano pusieron fin al dominio colonial español, la isla, en vez de lograr su plena soberanía, se convirtió en un protectorado de los EE.UU., en una nueva pieza del expansionismo norteamericano en el Caribe. Por ello, en 1901, el Congreso de los EE.UU. impuso un Apéndice a la nueva Constitución de la República de Cuba, bajo la amenaza de que de no ser aceptado, la isla permanecería ocupada militarmente de forma indefinida, y ello podría ser el preludio de una posible anexión similar a la ocurrida con Puerto Rico. De este modo, la conocida como “Enmienda Platt”, en su artículo 7º, establecía la cesión de suelo cubano para el establecimiento de bases navales por parte de EE.UU., la potencia ocupante. Así, en febrero de 1903, la US Navy, recibía como “concesión perpetua”, 116 km² en la bahía de Guantánamo. A cambio, EE.UU. debía de abonar un alquiler de 2.000 $ anuales, cantidad que pagó al gobierno cubano hasta que, llegado Fidel Castro al poder en 1959, éste se negó a cobrarla para denunciar la ocupación “ilegítima” que la base de Guantánamo suponía para la soberanía de Cuba.

En la actualidad, y desde principios de 2002, Guantánamo se ha convertido en un siniestro campo de detención para prisioneros islámistas talibanes y de Al-Queda. A estos presos, EE.UU. los define como “combatientes enemigos ilegales” y, de forma arbitraria, ha decidido no aplicarles la IV Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra. Para ello, EE.UU. se apoya en una argucia: como nominalmente Guantánamo sigue siendo territorio cubano, EE.UU. alega que los allí detenidos se encuentran fuera de territorio federal y, por ello, carecen de los derechos que tendrían si estuvieran detenidos en los EE.UU. De este modo, en Guantánamo se incumplen de forma flagrante numerosos artículos de la citada Convención de Ginebra, entre otros los relativos a la prohibición de palizas, torturas y maltratos psicológicos (art. 13), las humillaciones sexuales (art. 14), el encarcelamiento en celdas de reducido tamaño (art. 21), el deber de ser restituidos a su país de origen una vez finalizadas las hostilidades, así como la prohibición de aplicar detenciones por tiempo indefinido a los prisioneros (art. 118). Ante semejante aberración jurídica, ante tan flagrantes violaciones de los derechos humanos, la situación ha sido denunciada en diversos informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y del Comité Internacional de la Cruz Roja y ya en febrero de 2006 la Comisión de Expertos de la ONU, en un demoledor informe, tras denunciar las graves violaciones de la legislación internacional cometidas, no dudaba en afirmar  que “el Gobierno de EE.UU. deberá cerrar las instalaciones de Guantánamo sin tardanza”, máxime tras las recientes revelaciones sobre las sistemáticas torturas aplicadas por la CIA.

Todas estas circunstancias generan un profundo rechazo a la práctica de torturas con el pretexto de combatir el terrorismo internacional. Por ello, hay que exigir el cierre inmediato de Guantánamo y poner fin a esta anacrónica “concesión perpetua” devolviéndola a la República de Cuba. Ello sería un acto de justicia para lograr una normalización plena de las relaciones entre ambos países.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 diciembre 2014)