Desde el piquete de la dignidad

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Fernando Bolea Rubio

UGT y CCOO han convocado, el 29 de marzo, la quinta huelga general de 24 horas desde la restauración de la democracia. Tres fueron a Gobiernos socialistas (1.988, 1.994, 2.010). Dos a Gobiernos populares (2.002, 2.012). Se hizo una más de 2 horas (2.003) al PP. Así como otra de 12, media jornada por trabajador (1.992), al PSOE. Siendo el recuento final de cuatro huelgas generales a Ejecutivos de izquierda y tres a los de derecha

Así diré que, aunque ahora los motivos son más graves, las huelgas a los Gobiernos del partido popular de 2.002 y 2.012, tienen algunas características similares. Demostrándose, que la derecha española tiene la idea fija de eliminar las principales protecciones obreras de la legislación laboral, lo cual no olvida con el paso del tiempo. En aquella ocasión, anuló los salarios de tramitación (el tiempo trascurrido desde el momento del despido y la sentencia improcedente), significando una pérdida salarial media de cinco meses, de cuatro a seis mil euros como mínimo, lo que era totalmente intolerable. Lo mismo que lo es en este caso, porque la huelga obligó a implantar de nuevo esos salarios de tramitación... y con la última reforma laboral el PP los ha vuelto a quitar. ¿Qué supone esto? Ni más ni menos, que se echa mano a la cartera de las personas que son despedidas, para dejarlas sin dinero y en la práctica invalidar  por el coste económico la tutela judicial. El que los afectados no puedan adquirir, porque no tienen dinero o no les compensa, los servicios de asesores para recurrir al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, SAMA -lo que hay que hacer siempre-, o ante los Juzgados de lo Social. Tal como la nueva reforma laboral establece, solo en el caso de que el trabajador gane el juicio y que la empresa lo quiera admitir -cosa extraña-, se consigue cobrar los susodichos salarios de tramitación.

 

Sin estos salarios el despido es más fácil, ya que se reduce el marco para reclamar. Si hay que pagar el coste del abogado y solo se puede conseguir como máximo una mejor indemnización,  algunos afectados pensarán ¿que para que van a demandar? Y, lo que es peor, se da una vuelta de tuerca a favor de la precariedad y en contra de los jóvenes, debido a que si ganan poco y tienen poca antigüedad; si los despiden ilícita e inmoralmente, por la escasa rentabilidad a obtener algunos no se defenderán, si bien lo deben hacer por dignidad. Además, los salarios de tramitación eran una forma de tener con la prestación cuatro o cinco meses más de cobertura, lo que facilitaba la búsqueda de empleo en los meses de tramitación; sin consumir paro y sin la pérdida del nivel de ingresos del desempleo, manteniéndose la renta familiar.

 

La nueva retirada de los salarios de tramitación, significa para la clase trabajadora en su conjunto, la merma de cantidades descomunales de dinero en los despidos. Tanto, que en la actual crisis con millones de personas que han perdido y pierden el puesto de trabajo, ésta es una de las peores consecuencias de la reforma. La medida es de tal alcance, que ella misma sin más justificaría la huelga general. Desde el argumentario esquirol se dice: “No hago huelga porque no me lo puedo permitir”. Si se supiera bien lo que se perdería si esta reforma no se anulara, nadie dudaría de sumarse a la movilización con agrado y determinación. Los huelguistas en el 2002 perdimos un día de salario, pero en los últimos diez años, los compañeros y compañeras que han padecido el drama de sufrir despidos caprichosos u objetivos, se han visto compensados por el temor empresarial a la reclamación judicial -debido a incumplimientos o fraudes en la contratación- y a los salarios de tramitación, para obtener las cuantías de los mismos o para negociar y pactar indemnizaciones superiores a las inicialmente ofrecidas.

 

Entonces como ahora se decía que el país no estaba para paros, que todo se hacía por los jóvenes y los parados, que la huelga había sido un fracaso sindical como se dirá de la próxima y en las siguientes. Sin embargo, el 20-J de 2.002, los datos de energía eléctrica cayeron un 30% respecto al día anterior, siendo ese consumo equivalente al de un día festivo. De modo que, la protesta en algo debió influir, porque el Expresidente José Maria Aznar, destituyó al Ministro de Trabajo, cambió a seis ministros y retiró la reforma con su también terrible efecto en las prestaciones de desempleo, dejando únicamente el despido exprés. Convirtiendo el  Decretazo, en decretin.

 

 Eso sí, desde esa jornada histórica para el movimiento obrero, la derecha y sus medios afines, iniciaron una campaña de acoso y derribo contra los sindicatos y los sindicalistas, para acabar con el único estorbo que les planta cara. Pero lo tienen difícil, porque la hierba crece y el arco está tensado.

 

 

23.03.2012                                           Fernando Bolea Rubio

                                                                     Sindicalista

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