EL NAUFRAGIO DE EUROPA (I)

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José Ramón Villanueva Herrero

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hay en el mundo 65 millones de personas desplazadas (1 cada 25 minutos) por causa de los conflictos armados, cambio climático, pobreza, persecuciones por diversas razones o violaciones de los derechos humanos fundamentales. Ello ha hecho que, tan sólo en el año 2015 llegasen a Europa casi 1,2 millones de personas refugiadas lo cual, según Mariano Aguirre, ha supuesto “la crisis más seria que ha sufrido la Unión Europea (UE) desde su creación” y, más aún, como decía Zygmunt Bauman, estamos asistiendo “no a una crisis de refugiados, sino a una crisis de la humanidad”.
Ante esta situación, la respuesta de la Unión Europea (UE) ha sido decepcionante tanto por la descoordinación entre los Estados miembros, como por sus planteamientos cortoplacistas. De este modo, como denunciaba de forma contundente Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), este capítulo de la historia “ha puesto en evidencia el gran fracaso colectivo de Europa”, la cual no ha estado a la altura de las circunstancias dado que no fue capaz de hacer frente a las verdaderas causas de la crisis de refugiados ni tampoco puso en marcha soluciones estables con visión humanitaria para garantizar el cumplimiento de los compromisos jurídicos con el derecho de asilo y las personas refugiadas derivados del Estatuto de Refugiados de 1951 que todos los Estados de la UE habían firmado. Especialmente preocupante resulta que todas las medidas adoptadas por la UE iban enfocadas desde una perspectiva de “seguridad” y no desde el ámbito de los derechos humanos, razón por la cual Human Right Watch advertía de que “el miedo a ataques terroristas y a los flujos masivos de refugiados están llevando a muchos Gobiernos occidentales a reducir la protección de los derechos humanos”. Y es que, con la excusa de la seguridad y el control migratorio, la UE está violando impunemente los tratados internacionales, olvidando, con grave dejación de responsabilidad, que el derecho de asilo para las personas refugiadas es un derecho inalienable y no un gesto de gracia o generosidad sino que responde al cumplimiento de la legalidad y los compromisos firmados por los Estados miembros.
Y, junto a este abandono de la defensa de los derechos humanos, también ha naufragado Europa al aplicar otras medidas tendentes a frenar el flujo migratorio mediante barreras en Hungría, Bulgaria…o Ceuta y Melilla y, sobre todo, al externalizar la vigilancia y control de las fronteras exteriores de la UE a socios que no son precisamente un ejemplo de respeto de los derechos humanos y de sensibilidad democrática. Este es el caso del Acuerdo UE-Turquía de marzo de 2015 cuyo objetivo principal era la devolución a suelo turco de los migrantes y refugiados que llegaban a territorio europeo a través de Grecia. Por esta labor, Turquía, convertida en una nueva guardia pretoriana de las fronteras de la UE, recibió 3.300 millones de euros durante el período 2016-2017, además de otras concesiones políticas como la anulación de los visados para los turcos que entrasen en territorio comunitario o la reanudación de las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE, siempre lentas y complejas y paralizadas en estos últimos años por la preocupante involución autoritaria del país otomano de la mano de su presidente Recep Tayip Erdogan. Dicho Acuerdo, como bien sabemos, ha contado con una fuerte y justificada oposición pues, con su firma, la UE, como denunciaba CEAR, “ha dejado naufragar el derecho de asilo, un derecho fundamental básico”, a la vez que nos recordaba que se trata de un acuerdo ilegal por múltiples razones, entre ellas, que las expulsiones colectivas están expresamente prohibidas por el art. 4º del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; que toda expulsión de un extranjero debe ser individual y necesita garantías legales según los arts. 12 y 13 de la Directiva de Retorno; que el Acuerdo vulnera el principio de no devolución del art. 33 de la Convención de Ginebra, que establece que nadie podrá ser devuelto a un país donde su vida corra peligro, a un país no seguro; que Turquía no está incluida en la lista de países seguros reconocidos por la UE, así como que dicho Acuerdo incumple el principio de no discriminación por país de origen, según el art. 3 de la Convención de Ginebra.
Por todo ello, resulta indignante que, mientras Europa se empeña en convertirse en una fortaleza que cierra sus fronteras exteriores a los refugiados, se enorgullece de la libertad plena de circulación de capitales y mercancías, una hipocresía que delata con crudeza la injusticia que subyace en materia de política migratoria de la UE. Ciertamente, el Acuerdo con Turquía ha supuesto una reducción de la llegada de refugiados a Europa (364.000 en el año 2016) pero ello ha supuesto un cambio de las rutas de llegada, mucho más peligrosas y mortales y con un mayor coste económico para los refugiados. De este modo, la anterior ruta de la costa turca a la isla griega de Lesbos, de tan sólo 9 km., mayoritariamente utilizada durante los años 2014-2015, ha sido reemplazada por la del Mediterráneo Central (desde Libia a Italia) que, en su tramo más corto hasta la isla de Lampedusa tiene una distancia de 300 km. El peligro de esta ruta es evidente y, de hecho, las muertes por naufragio en esta zona han aumentado en + 34% y, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y, en el pasado año 2016, 1 de cada 23 personas que emprendían esa ruta ha muerto en el Mediterráneo.
Por todo lo dicho, resulta lamentable que Europa, la civilizada Europa, esté naufragando en materia de derechos humanos, algo que remueve las conciencias de todos aquellos ciudadanos que, como Bauman, pensamos que nos hallamos ante una auténtica crisis de la humanidad.

José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 29 octubre 2017)

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