EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES

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José Benito Butera Aured

Así me ha sucedido con el dato que las autoridades del año 1941,  en esta ciudad emiten a instancias unas de otras y que me conducen para aclarar más la situación descrita en el primer documento, a la consulta de los informes emitidos por el Ayuntamiento respecto la persona de mi interés – la separación matrimonial de Isidoro Achón –  luego, la caja 5517, que contiene ese documento y en el mismo paquete, una serie de informes sobre  personas de esta ciudad que el juzgado de responsabilidades políticas reclama al Ayuntamiento, y que imprevisor de mí, en su momento no cuantifiqué, eso sí, copie algunos de los que aludían a personas que en mi memoria retenía, por diferentes causas. Gentes ligadas al socialismo y a la UGT, así me hice con diez informes emitidos por el jefe de la policía municipal, sobre otros tantos ciudadanos.
En la tranquilidad de mi escritorio y con las herramientas necesarias a mi alcance; el primer paso es cotejar la suerte que esos informados, habían corrido.

De los diez documentos, descontando el que tenia interés para mí, seis, habían sido fusilados entre julio y agosto de 1936; otro desconozco su suerte ya que el informe es pedido desde Santander, aunque supongo corrió la misma suerte que los informados de aquí, de los otros dos no constan en los datos que sobre este asunto poseo.
Dado que los informes solicitados y emitidos corresponden al mes de marzo de 1941, y visto el formulario de la petición, deduzco con cierta amargura, que las autoridades de aquel entonces fueron todas una serie de pusilánimes unos, y un atajo de redomados ladrones los más.

Esta deducción deviene de los enunciados del documento a completar por la autoridad informante, los tres primeros de carácter político: antecedentes políticos y sociales con anterioridad al 18 de julio de 1936 el primero de los enunciados, el segundo requiere la conducta político-social observada con posterioridad al 18 de julio de 1936, el tercero  pide informe sobre hechos ya conocidos por el tribunal juzgador, por ejemplo: Información de tallada sobre su actuación como apoderado interventor del Frente Popular, o como concejal, diputado, o como en un caso: la propia del cargo en el caso de un afiliado a UGT.
Luego, y este es el capítulo de la vergüenza; el cuestionario se interesa en primer lugar por los bienes, los suyos los de su esposa o familia, que ocupan las preguntas cuatro y cinco; la seis se interesa por la fecha exacta y localidad de su fallecimiento; el séptimo interrogante versa sobre los familiares que con el vivían y el octavo, inquiere sobre los medios de vida de los familiares del encausa.

Esto en cuanto al documento. Las personas por mí seleccionadas, a parte del correspondiente a Isidoro Achón son los correspondientes a, el oficial de Correos, Francisco de L’Hotellerie y Peguero, cuyo informe es reclamado por el Juez militar de Santander, Alfonso Sarriá Almenara, había sido Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, asesinado el 18 de agosto de 1936, Genaro Sánchez Remiro, cuyo delito parece ser el estar afiliado a UGT, muerto el día 21, también del mismo mes y año, Antonio Ruiz García, también había sido Concejal de nuestro Ayuntamiento, además de haber actuado desde 1933 en las oficinas del partido socialista y ser el conserje de la disuelta Mutualidad obrera y al igual que todos los aquí anotados fue pasado por las armas el día 14 de agosto de 1936, otros Concejales también expedientados son Bernardo Rubio González y Bernardo Aladren Monterde, el primero huido y el segundo asesinado también en ese sangriento agosto de 1936, así como unos días antes lo había sido otro Concejal, Joaquín Uriarte Oses, perteneciente a Izquierda Republicana y que casualmente pertenecía a la familia propietaria de la industria gráfica donde Isidoro Achón consumió sus años de obrero.
Los dos últimos que copié en su momento corresponden  a dos afiliados a UGT en su sección de Artes Gráficas: Antonio Vidorreta Ramón, impresor de La Voz de Aragón y Luis Letelier Royo; del primero dice el informe, en su punto siete: ha estado detenido hasta hace pocos días, estando fechado el informe el día 25 de marzo de 1941, el segundo fue asesinado al día siguiente de alzarse en armas las hordas fascista.
Luego anoté otros seis nombres más con sus respectivos números de expediente; de todos ellos solamente uno fue asesinado en el mes de octubre de ese año de 1936 que era practicante y se llamaba  Pedro Pérez Romanos  y del que desconozco más datos.

Los puntos cuarto y quinto del cuestionario, relativos a los bienes tanto del encausado como de su esposa, es el que me mueve más a furia ya que de todos los encausados sus bienes asciende a unas magras 107.000 pesetas, cuya distribución corresponde a 80.000 pesetas el valor de tasación de la casa nº 23 de la calle Maestro Marquina que pertenece a la esposa de Joaquín Uriarte; 20.000 es el valor estimado de la casa nº 43 de la calle de San Antonio, que era propiedad de Genero Sánchez Remiro, y por último entre seis o siete mil pesetas en que tasan  unas 14 anegadas de tierra de regadío propiedad de Joaquina Lison esposa de Alfonso Sarriá, la propiedad de Bernardo Aladrén sita en la calle Asso nº 15, que no está tasada y que reparten entre él y su mujer.
También hay un apunte en el informe de Antonio Ruiz, en que se declara la pensión de 31 pesetas mensuales que cobra la hija de 52 años, de Antonio Ruiz García, que cobraba una pensión de la Compañía de Ferrocarriles del Norte de la que había sido empleado su padre, que fue asesinado con 72 años.
Otro capítulo interesante de estos documentos es el relativo al comportamiento social en el que se pueden leer cosas tan curiosas como el informe emitido para el empleado de Correos De L’Hotellerie, que dice: en su vida privada,  ha observado mala conducta, pues ha vivido separado de su esposa y parece ser vicioso…, o el emitido para Genaro Sánchez que dice: Su cónyuge había sido repudiada y abandonada por él años atrás, luego apunta el informe que tenia con Josefa Loren Puertolas tres hijos el mayor de 17 años.

Luego viene lo más cínico de la documentación por aquellos tiempo emitida, el informe que la Dirección  General de Seguridad emite en relación a todos ellos y del que destaco por su cinismo los pertenecientes a  Alfonso Sarriá Almenara, del que dice que; detenido por la Guardia Civil de Casetas el 31 de julio  fue puesto en libertad el 2 de agosto – su muerte está registrada el día 18 de agosto – Antonio Ruiz García, que afirma fue detenido el 14 de agosto por  agentes del servicio de información de Falange, falleciendo al día siguiente – la fecha para este asesinato es la del mismo día de la detención – o  lo apuntado para Genaro Sánchez Remiro que dice; fue detenido el 23 de julio y puesto a disposición del Sr. Gobernador de la provincia por su significación política y siendo puesto en libertad en 20 de agosto del 36 – su muerte esta registrada el día 21, poco le duró la libertad –

Todas estas  afirmaciones hechas, casi cinco años después de producidos los fallecimientos de los que eran conscientes esas autoridades que pedían e informaban, tan despreocupadamente sobre personas que habían pagado con su vida el haber tenido unos ideales que defendían; igual que quienes les condenaban; pero que si los primeros en su mayoría, gentes de baja extracción social, aunque hubieran llegado a ocupar cierto nivel, gracias a la democracia, que durante un corto periodo de tiempo en aquel momento quiso modernizar el país poniéndolo al nivel de los demás países europeos; los segundos los que firmaban todos esos documentos, hombres todos de clase media alta, por ejemplo el entonces Alcalde de la Ciudad, Juan José Rivas  Boch, que era médico ¿tan obcecado estaba en su ideología, como para ver todo aquel derramamiento de sangre y no protestar? Por el contrario firmaba una serie de acusaciones y mentiras que a cualquier persona con un mínimo de hombría le hubiera repelido el estamparla en semejantes documentos, que  además de falsos eran extemporáneos.

Luego estos hombres la Ciudad les honro con una vía puesta a su nombre para perpetuarlos en la memoria de los zaragozanos.

Sin embargo de los que aquí se citan varios también Concejales y Tenientes de Alcalde, se ocultó su paso por esas instancias y se borro todo recuerdo de ellos. Y es llegado el día en que permaneciendo en el nomenclátor, unos nombre, no se añaden otros que tienen el mismo valor que los que están. No el mismo no. Más ya que ellos fueron convencidos de sus ideas y murieron precisamente por habiéndose significado en ellas alcanzar posiciones de relieve por la voluntad popular, en contraposición a los que permanecen que fuero designados para defender unos intereses espurios, a los cuales se plegaron dócilmente.
Hay una promesa realizada por algún Edil de  dar el nombre a una calle zaragozana del que esta fundación lleva su nombre, Bernardo Aladren. ¿Para cuando va a ser?                                      
                                            

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