HECHOS PARALELOS

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José Benito Butera Aured
El día trece de febrero; concluyó en Salamanca, el sexto congreso internacional de “Victimas del terrorismo”. En esa clausura, la presidenta del Parlamento Vasco; Arancha Quiroga, (PP.) exhortó a los asistentes a educar a la juventud en valores pacíficos y apartados de la violencia. Su aserto lo basa en datos del “Defensor del Pueblo” vasco, que cuantifica la aquiescencia con ETA de un 18% de los escolares vascos.

Esta reunión de víctimas nacida justamente hace seis años (2004); al amparo de una institución religiosa CEU San Pablo y con el paraguas de un pacto de los que tanto les gusta a la derecha española; esto es, los que apoyan sus tesis y que ellos imponen al contrario, (Pacto Antiterrorista); que el día de la apertura concentra en la plaza Mayor de Salamanca a miles de ciudadanos (entre ellos a D. José María Aznar, asustado él por el terrorismo y que parece le capacita para considerarse víctima) y que según las crónicas sobre el asunto, algunos destacados miembros de la derecha tomaron la palabra en esos actos ( María San Gil, entre otros), que las palabras de Arancha Quiroga, recogidas por los medios audiovisuales; recalcaran la falta de atención dedicada a las víctimas por parte de las autoridades, es paradógico. ¿A qué autoridades se refería la Autoridad del Parlamento Vasco? ¿A la falta de comparecencia del Presidente del Gobierno de España? O quizás se refería a la Autoridad Judicial, que en otro asunto de victimaje está actuando según pacto y criterio de esa derecha. Derecha, que demandando valores educativos para la juventud; se opone a la instauración de la materia educativa de “Educación para la Ciudadanía” y que solamente considera víctimas las de su bando; tanto antiguo, como moderno, que si del antiguo resultan, ochocientos o más santos y beatos inscritos en el martirologio romano; del moderno el tiempo lo dirá.

El paralelismo que propongo, ya bocetado; es el desigual trato con que esta sociedad española aborda los asuntos que en el foro público se plantean, y el ninguneo que de las leyes hacen quienes deberían cumplirlas y que cuando van contra sus opiniones o intereses, desde distintas formas de oposición, las hacen servir a sus intereses, no importándoles los daños que puedan producir; tanto a la vida social como a las instituciones que desde tiempos pasados coparon para su beneficio exclusivo.

Tomemos las Victimas de la guerra civil española, ¿o esas no son victimas de una rebelión – léase terrorismo, aplicado durante y después de la rebelión–? Las que por causa de esa guerra y sus colateralidades– Rememórese: Guernica, Alcañiz, Belchite, Lérida, Madrid y los miles de bombardeos de la Condor – perdieron la vida o sus bienes. Las que sufrieron secuestro desde un día, hasta meses y algunos, años, y luego fueron asesinadas vilmente, bajo una paradójica ley de “Auxilio a la rebelión” y desaparecidas en ignominiosas fosas comunes; cuando su delito, no era otro que la lealtad al Gobierno constituido, ¡o todavía peor¡ Tener pensamientos y actitudes distintas de las que fueron impuestas por aquella oligarquía caciquil, que aliada a la Iglesia y un Ejército facineroso; hicieron retrasar la marcha del país durante cuarenta largos años que aprovecharon en beneficio suyo, medrando tanto económica como socialmente.

Las líneas paralelas, es sabido que pueden ser convergentes o divergentes, además de infinitas; las dos primeras por efecto e la perspectiva. Ahora parece ser llegado el momento de que los paralelismos victimistas se junten – o converjan–, han llegado el momento de hacerlos converger; pero al igual que en 1936 hubo una rebelión, también en este momento existe otra del mismo cariz que entonces.

El gobierno elabora una ley que denomina de “Memoria Histórica”; el Parlamento la aprueba – con la negativa de la derecha española; – una vez aprobada comienzan a ponerse las piedras necesarias para que no prospere. Un juez – Baltasar Garzón – decide hacerla cumplir, como lo ha hecho con la Antiterrorista, la corrupción, el terrorismo de Estado, el blanqueo de capitales y las mafias de la droga.

Esa oposición visceral a reconocer la dignidad de quienes en otro tiempo fueron víctimas; de nuevo son esgrimidos por la derecha sociológica de este país viejos argumentos con los que pretenden justificar dos cosas injustificables: la rebelión y el triunfo con sus secuelas para una población que fue sometida por aquellos rebeldes y sus secuaces.

Descendientes de aquellos rebeldes. Descendientes directos; El Sr. Pizarro (aragonés y preclaro cerebro del Partido Popular) hijo del general que por orden expresa de Franco fue nombrado para reprimir el maquis en la provincia de Teruel. Comenzó su labor en 1947 y hasta que no sofocó la romántica guerra guerrillera no paró; llevándose por delante todo lo que le impedía realizar la función que le había sido encomendada, vidas y haciendas puesto que su política de sangre y fuego arrasó con más de un “mas”, y como este ejemplo cientos de ellos se pueden encontrar a poco que se escarbe en las biografías de un alto porcentaje de las élites de este país en todos los estamentos, ejercito, judicatura, iglesia, banca, industria, etc.. De esta forma es difícil que una Ley que reivindica el honor de los mancillados, pueda prosperar si por ello ha de ser puesto en cuestión el honor de aquellos que vencieron.

Esta teoría de la divergencia es la que se pretende instaurar o cuando menos la de la infinitud de los paralelismos.

El acusador – instructor – del juez Garzón; nació en 1949, tiene más o menos sesenta y un años. Como aquí los funcionarios no juraron la Constitución, cuando se cambió de régimen, su lealtad la debe a quien si le hizo jurar la lealtad a los principios del movimiento; Franco y el Movimiento Nacional, con quienes empezó a ejercer la judicatura; por esa circunstancia las querellas presentadas por “Manos limpias” “Libertad e Identidad” y “Falange Española y de las JONS” tienen más relevancia que las presentadas por las asociaciones que agrupan a los pocos familiares de primer grado que quedan de aquellos que no se sabe donde están.

Su divergencia parte de una Ley de Amnistía que en 1977 y como paso previo para avanzar en la modernización del Estado, tras la muerte del dictador, impusieron quienes tenían mala conciencia y sospechaban les podía salpicar algún barro antiguo.

Además la citada Ley en su artículo 1º dice textualmente:

 

Quedan amnistiados:

a. Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.

b. Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de los pueblos de España.

c. Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

Claro que después de este primer artículo en el que se amnistían los delitos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, en el artículo segundo es donde está el quid de la cuestión; la letra a. del segundo de los artículos de esa Ley 46/1977, dice textualmente:

Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar.

Este segundo artículo contiene hasta cinco apartados más, en los que genéricamente se plantean esquemáticamente algunos asuntos como: la libertad de expresión e imprenta, la objeción de conciencia al servicio militar o las faltas o delitos cometidos por las autoridades, funcionarios y agentes del orden público; y en el apartado f. último de ellos y aquí junto con el a. esta planteada la cuestión: Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Como no es cuestión de reproducir aquí, la totalidad de la ley, hago el resalte de algunos apartados comparándolos con los hechos acaecidos.

Menos de nueve meses hacía de la “Matanza de Atocha” cuando se publico la citada ley¿Qué paso con aquello? No eran víctimas de terrorismo…? Estas víctimas solo son recordadas por sus allegados tanto ideológicos como familiares.

El artículo 7 manda: la reintegración de funcionarios, reconocimiento de herederos, eliminación de antecedentes, así como el derecho de los pertenecientes a cuerpos extinguidos (carabineros y agentes de seguridad). Luego en el artículo nueve encomienda a la tutela judicial la aplicación de la amnistía en cada caso particular.

Hasta ahora tanto el Tribunal Supremo, como las distintas instancias judiciales del país, no han aceptado la revisión de los escasos juicios franquistas con resultado de pena de muerte; entre ellos los de Justicia Militar.

Cuando la inhibición de Garzón, en el asunto de la Ley de Memoria Histórica, pasa a los juzgados provinciales la competencia; estos se inhiben, quedando la situación como hasta ahora. Ni se cumple la ley de amnistía ni la de memoria histórica. La sociedad demanda la convergencia, ya que la tramitación de la ley cuestionada no ha sido instada por una minoría social, si no por la mayoría parlamentaria, lo que nos lleva a esa convergencia de intereses de la sociedad, que quiere de una vez por todas enterrar un pasado ominoso, aceptando la restitución de la dignidad – enterramiento conocido – a los restos de quienes fueron ignominiosamente muertos.

De acuerdo que los hijos no han de pagar las culpas de los padres; pero el ejemplo conocido y citado más arriba, no puede impedir que la preservación del honor de unos pocos – porque fueron pocos los beneficiados con su deshonra – impida la justicia y el honor debidos a los que fueron estigmatizados por mantener una actitud leal y unas ideas contrarias a quienes impusieron las suyas y que todavía pretenden mantenernos en sus teorías.

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