JUBILACIÓN

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José Benito Butera Aured

Desconocedor de las ciencias sociológicas pero no de la sociedad, y al hilo del ya reiterativo asunto de las pensiones, y aunque a mi, en definitiva no me afecta el asunto; llevo varios años disfrutando de la condición de pensionista; sí me preocupa el sesgo que la sociedad actual esta tomando en este asunto. Mientras en EEUU se pretende instaurar una sanidad pública, aquí se trabaja en el sentido contrario, privatizar un seguro de vida ganado durante años de esfuerzo del que es garante el Estado.

Hasta los años veinte del pasado siglo no se creó en España la Caja de Previsión Social. De dicha creación algo he estudiado, con ocasión de revisar la trayectoria vital de Isidoro Achón, que ostentó por aquel entonces la representación de los obreros en general, y en particular la de UGT en ese organismo.

El indagar en el tiempo pasado te da el conocimiento de las condiciones de vida de aquellos que nos precedieron en Zaragoza.

Una fuente que yo utilizo habitualmente es el padrón de habitantes de Zaragoza y en esa fuente se puede apreciar que hasta entrado el siglo XX, los únicos pensionistas o retirados, que así se declaraban eran los que, por su ubicación espacial en el área ciudadana, se puede deducir habían sido funcionarios, militares u otro tipo de empleados dependientes de los aledaños del Estado.

Un ejemplo palmario de esa desprotección general de la vejez se puede hallar en las actas municipales en las que por concesión graciosa de la corporación se estipulaban cantidades, para los que se retiraban y sobre todo para las viudas de aquellos empleados que fallecían. Eso en la administración.  Aunque desde 1908 en que se creó el Instituto Nacional de Previsión, el Estado se obligaba a la aportación de 12 pesetas por trabajador que hubiera suscrito una cuenta de ahorro y previsión y el patrono tenia que aportar tres pesetas por cada empleado – esto si; si sus emolumentos anuales no superaban las 3.000 pesetas – cuestión que parece no cumplían ni esos entes administrativos.

 Así el resto de los trabajadores, corrían a cargo de sus familias. Como bien se aprecia en esos padrones donde un anciano o está empadronado con algún hijo o hija y si lo está solo en el apartado del padrón que dice ocupación o modo de vivir figura en múltiples ocasiones: pobre o indigente.

De tal modo es palmario el retraso de este país en la protección social, que no hay más que ojear viejos papeles para ver que en 1932 ante la defunción del primer director del semanario Vida Nueva José María Antón, la organización a la que pertenecía UGT, tuvo que abrir una cuestación entre los afiliados, para aportar a la viuda y sus hijos una cantidad que si ahora parece modesta, entonces las cerca de cuatrocientas pesetas que se recaudaron, les aliviarían durante algún tiempo.

Con anterioridad a esa segunda década del siglo XX, la protección social no estaba generalizada y era excepcional su existencia como tal; era la caridad cristiana por un lado, y en el contrario la incipiente solidaridad de los trabajadores, que a través de sus organizaciones de oficio fueron sentando las bases de la prevención de todas las contingencias – contingencias que hoy cubre el Estado y que asumió después de la guerra civil, al conservar la ya desarrollada por el periodo anterior – por medio de sus sociedades de socorros mutuos, aparejadas siempre a las sociedades de oficio. Ahora bien, esta opción no era generalizada ya que de las organizaciones obreras se puede afirmar que la pionera de todas ellas había sido la Sociedad del Arte de Imprimir que a finales del siglo XIX ya tenia reguladas sus prestaciones, aparejadas a la cuota de afiliado y que cubrían desde la percepción del salario durante las huelgas convocadas, hasta ayudas en el pago de los sepelios, o por desplazamientos en busca de trabajo.

Habría de convulsionarse el país en aquellas décadas primeras del siglo XX para desde los estamentos gubernamentales se pensara en aliviar la condición de los obreros desprotegidos en todos los aspectos de lo que ahora se denomina “estado de bienestar” ahí en esa segunda década se generalizó la adscripción a la  Caja de Previsión Social, garante de la administración de los fondos que daban derecho a cobrar una pensión con arreglo a la ley de Retiros Obreros promulgada el 24 de julio de 1921, después de varias legislaciones desde los inicios esta Ley, marco el inicio del actual sistema de pensiones; tal es su actualidad que un alto porcentaje de los actuales pensionista lo es, por sus cotizaciones al Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) instaurado en aquel entonces y al que popularmente se le denominaba de la “Perra gorda”, institución que fue reformada en los años cuarenta después de la guerra civil, que aprovechó el mutualismo que durante las décadas anteriores habían propiciado los sindicatos a través de sus sociedades de resistencia; siendo UGT uno de los que más experiencia habían adquirido, pues le venía de lejos este modo de actuar.

Esa perra gorda era la cantidad a ingresar por los empresarios, diariamente por cada uno de sus trabajadores; hasta tal punto fue contestada por la clase patronal  que hubo afirmaciones de algunos empresarios que decían: “Prefiero darles las tres pesetas a cada obrero para que se las gasten en vino, que aportarlas a la Caja de Previsión Social”. La aportación obrera era escasa y suponía unos céntimos diarios a extraer de unos jornales tan magros que apenas daban para vivir y que además habían de aportar individualmente a la entidad, ya que habían de ser titulares de una cuenta para acceder a las prestaciones del empresario y del Estado. En 1919 se fija en la cantidad de 365 pesetas, al año el máximo a cobrar por un asegurado que haya aportado veinte años a la Caja de Previsión. En Zaragoza de los primeros en afiliar a sus obreros figuran Basilio Paraíso, la compañía de Tranvías y el ferrocarril de Aragón a Valencia (MZV); por aquel entonces las estadísticas daban una participación escasa de las empresas siendo las poblaciones de Madrid y Barcelona, en las que mayor cantidad de asegurados había.     

Esta es a groso modo la historia de la previsión del que falto de capital, no tiene otra garantía de subsistencia que la que le ha de proporcionar el Estado cuando alcance la edad de jubilación – que por cierto desde la creación de esa legislación estaba fijada la máxima en 65 años con dos cortes más de edad a los 55 y 60, edades en las que se podía hacerse efectivo el cobro de la pensión generada

Como se puede apreciar con esta somera exposición sacada de los folletos explicativos editados por el Instituto, que se pueden consultar en la biblioteca jurídica de Derecho de la Universidad de Sevilla, de donde yo he extraído los datos que aquí se plasman.

Cierto que en varías de las exposiciones de motivos de esas leyes se habla de datos demográficos y que es de general conocimiento la mortandad existente en la población española en aquella época; pero también es cierto, que transcurrido un siglo de actuación del sistema de prevención; a pesar de los cambios demográficos que en España se han producido a partir de la última cuarta parte del periclitado siglo XX, no hay razón objetiva para después de la reforma que acaeció en 1985, para retornar al principio y obligar al trabajador a detraer mayor porcentaje que el establecido en la Ley de Seguridad Social, de un salario que si entonces era miserable, en la actualidad no está en los estándares del resto de las sociedades avanzadas. ¿Qué pretende el capital? Igual que entonces que el trabajador se gaste en vino lo que él no quiere aportar al sistema de jubilaciones o como en otras ocasiones en que se han lanzado los mensajes plañideros, que el trabajador acreciente las ganancias de ese capital inmisericorde que solo busca el lucro y que en este momento ha abocado al mundo a una crisis descomunal, en comparación a la que también se provocó en el año 1929, y que puede arruinar a ese trabajador si no ha sabido elegir el gestor de sus ahorros.

Desconozco, yo y todos los españoles el texto que han de proponer los encargados de ejercer el poder, en lo referente al asunto.

Cierto es que ahora vivimos más tiempo que antes. También es cierto que si en aquellas pretéritas épocas el comienzo de la vida laboral era temprano, ahora es mucho más tardío. También es   innegable, que la situación económica no es buena. Pero al albur de una situación puntual ¿se ha de arremeter contra el progreso?

Porque yo entiendo progreso por continuar con un sistema viejo ya, que no obsoleto y que ha dado tan buenos resultados a la clase trabajadora. Si es acuciante, – que no lo es, – la reforma del sistema público de pensiones; abórdese en otro momento y no en el actual. ¿Es progresista el alargar la permanencia en el trabajo, para acceder a un derecho que viene de lejos? Por el contrario habría que incidir no en la clase obrera si no en la clase “empresarial” para que cumpla con su función y no genere la cantidad de parados que interesadamente genera, porque la proliferación del desempleo es una “táctica” que de antiguo vienen empleando  desde los albores de la industrialización.

Plantear a la sociedad que de ahora en adelante se va a alargar dos años más la posibilidad de incorporación al trabajo de las nuevas generaciones es un despropósito; como lo es obligar a un trabajador manual – también intelectual; véase los suicidios de los empleados de France Telecom – a que agote su vida en el trabajo como ocurría antiguamente, entiendo, y no pretendo hacer demagogia otro despropósito.

Esperemos que en el tiempo que necesariamente ha de transcurrir entre la propuesta y su materialización, puedan las partes representativas de la sociedad española reflexionar y enfocar el asunto desde otra proposición del problema, si es que existe ese problema.                      

En caso de existir es menos traumático y mas acorde con el progreso el revisar los cómputos de cotización, como ya se ha realizado en la primera y segunda de las reformas acaecidas desde la instauración de la democracia, que no condenaban al trabajador a permanecer más tiempo en el trabajo, sino que equitativamente distribuían su capital acumulado en otros términos que los que hasta entonces se habían establecido y que aun rebajándole la cantidad final le dan más posibilidades de vida libre, puesto que el trabajo se quiera o no es una esclavitud. 

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