LA FETE Y EL PORQUÉ DE LA MEMORIA HISTÓRICA: CON PRUDENCIA Y CON FIRMEZA

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Alfredo Liébana Collado

La federación de enseñanza de UGT como otras organizaciones en la República sufrieron una persecución con saña en la fase posterior a la guerra civil, en un intento manifiesto de aniquilación, proceso en el que muchos de sus miembros fueron detenidos, torturados, en algunos casos juzgados y condenados por la actividad sindical, asesinados sin más en otros muchos casos y en algunos sufrieron largas condenas de prisión o perdieron sus derechos administrativos como funcionarios parcial o totalmente.

 

El Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía subsanó parte de la situación producida al dar por olvidado todo tipo de delito enjuiciado en la dictadura por razones políticas o sindicales, pero de ninguna manera se produjo un reconocimiento de la situación de injusticia en que fueron juzgados, en el afán de reconciliación la izquierda aceptó una situación de clara desventaja, en el ánimo de encontrar ese punto necesario de la convivencia. Por lo tanto la ley de amnistía es una ley DEL OLVIDO no de la justicia.

La actual ley aprobada por las cortes pretende paliar algunas de las injusticias que no han sido solucionadas con las diversas medidas que han ido discretamente complementando en estos años pasados la amnistía, como lo fue la reintegración de los funcionarios separados por expediente (muchos profesores de Universidad, de Secundaria y sobre todo Maestros que pudieron reincorporarse después de 40 años de expulsión y en la mayor parte de los casos solo alcanzaron el derecho a tener una jubilación), el reconocimiento de pensiones a los militares que habían luchado en el bando perdedor, luego fueron los que lo hicieron sin ser militares profesionales, sus viudas, la protección a los denominados niños de la guerra, etc..

La dureza del exilio o de la prisión no puede paliarse fácilmente con una compensación económica, las normas que hasta este momento se han aplicado en los últimos treinta años han atendido a diferentes colectivos de los afectados sin cubrir por completo las necesidades tan heterogéneas surgidas. Muchas veces se han mantenido criterios economicistas estableciendo los límites de tres años de cárcel mínimo, o que se refirieran a una época determinada de la dictadura, lo que ha dejado satisfechos a los gestores, pero poco tiene que ver con la equidad. A pesar de todo hay que reconocer que los gobiernos democráticos han realizado multitud de acciones encaminadas a atender aquellos sectores más desprotegidos, ya que por otra parte no es fácil demostrar documentalmente muchas veces la situación concreta que se indica.

La gran mayoría de los afectados directamente, tras casi setenta años del conflicto han fallecido, por eso algunas de las medidas que se proponen tienen que ver la memoria, con el buen nombre que sus familiares quieren tener, para lo cual es necesario que se reconozca que los tribunales de la dictadura eran ilegítimos, que en consecuencia sus sentencias también lo fueron (todo ello referido a los denominados delitos de opinión, asociación, etc..), todo parece obvio…, pero no lo es, al haberse construido nuestra transición sobre la base de la continuidad legal del aparato del Estado.

Por otra parte, aunque parezca escandaloso, hay todavía personas que figuran como desaparecidos y el Estado no ha cumplido con su obligación de hacer todo lo que está en su mano para localizarlos y en su caso identificarlos, por temor a que se molesten sus asesinos, lo que es muy irritante para los familiares de las víctimas. La localización de fosas comunes sin que se haya realizado la identificación correspondiente, o su traslado a un lugar adecuado, de acuerdo con el respeto a los sentimientos de sus familiares, es todavía un bochorno social.

Libertad, reconocimiento y protección pública fueron desde los inicios de nuestra democracia las palabras clave de una nueva convivencia, basada en la concordia, en la libertad individual y colectiva, en el respeto y en la tolerancia, recuperar el honor y la dignidad individual ha de ser facilitado por los poderes públicos, lo que choca con que no siempre la información oficial de todos los archivos ha estado al alcance de los ciudadanos, la ley toma algunas medidas para mejorar la situación. Como ejemplo, puede indicarse que las causas seguidas por el Tribunal de Orden Público no han sido concentradas y preservadas, sino que se han mantenido dispersas y de muy difícil acceso.

Plantearse la justicia con mayúsculas es otra cosa, sería buscar a los genocidas individualmente, juzgarlos y condenarlos en su caso, para evitarlo la dictadura forzó la sistemática complicidad, primero de los miembros de las fuerzas armadas, luego de las fuerzas de orden público, luego de muchos funcionarios y de otras muchas instituciones y personas, por lo tanto esto no es lo que se plantea, porque a pesar del tiempo trascurrido se podría producir una alteración de la convivencia y de los límites en que se planteó la transición.

¿Debemos acaso aceptar el olvido como única medida?, o debemos dejar de buscar la verdad (hasta donde cada cual lo requiera), sin que ésta tenga consecuencias penales para los responsables (ya que en su gran mayoría han desaparecido), entender nuestra razón de ser como país, para construir un futuro en convivencia con quien discrepa de nuestras ideas. A estas alturas de nuestra historia se conocen los inductores, los ejecutores y los beneficiarios por quien tenga interés en saberlo, por mucho que algunos hagan esfuerzo por confundirnos.

¿Por qué es importante la memoria en nuestra organización? Estando en una sociedad de la levedad de la imagen, lo que ocurrió ayer ya hoy muchas veces carece de importancia, esto no consolida la responsabilidad, las organizaciones por el contrario se construyen poco a poco, todos somos deudores de otros, que con su sacrificio y abnegación hicieron posible muchas de las condiciones de vida que hoy disfrutamos, reconocer su papel es lo menos que podemos hacer cuando tanto se hizo para que de ellos no quedara ni el recuerdo.

En definitiva la ley cubre situaciones de desprotección existente, como el de los batallones disciplinarios adonde fueron enviados en forma obligada muchos de los represaliados por el régimen (no contemplados en otras normas anteriores), incluyendo aquellos casos de personas que sufrieron persecución por tener actitudes o creencias reconocidas actualmente como legales. Por otra parte la ley relaciona e incorpora medidas no sólo sobre la represión producida en la guerra civil y los años posteriores, sino también la realizada a lo largo de toda la dictadura.

Por otra parte en el terreno de la simbología, se recuerda algo también elemental, el ensalzamiento público de la dictadura y del enfrentamiento es un oprobio para la democracia. Se declaran derogados una larga serie de decretos realizados por el gobierno franquista como resultado del conflicto en el ánimo de articular la represión. Por último se da el reconocimiento de la nacionalidad española a aquellos descendientes directos de los forzados al exilio.

Artículo publicados por Alfredo Liébana, profesor de secundaria, en la revista Treballadors de l´Ensenyament FETE UGT PV de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza FETE UGT de Valencia en enero 2008

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