LA LARGA SOMBRA DEL GENERAL MANUEL PIZARRO

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José Ramón Villanueva Herrero

Ante el creciente auge de la actividad guerrillera en la provincia de Teruel, el general Franco nombró, por Decreto de 17 de julio de 1947, Gobernador Civil de la misma al general de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor con el mandato expreso de acabar con el maquis, al igual que ya había hecho antes dicho militar en las provincias de León y Granada. De este modo, Pizarro asumió plenos poderes civiles y militares ya que, además de Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, cargo que ocupó hasta 1954, era también Jefe de la V Región de la Guardia Civil.
Manuel Pizarro, estrecho colaborador del Franco, razón por la cual se vanagloriaba de ser de los pocos que podían llamar con familiaridad (y en su presencia) “Paco” al dictador, tuvo un carácter duro, autoritario e implacable. Recuerdo que me contaron que, en cierta ocasión, Pizarro ordenó a un funcionario de un municipio de la sierra de Cucalón que se comiese en su presencia un ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia como castigo por haber incumplido una disposición del general-gobernador allí publicada.
Pero mucho mas duro fue Pizarro en la lucha contra el maquis. Unos meses antes de su nombramiento como Gobernador de Teruel, el régimen había aprobado el Decreto-Ley de Represión del Bandidaje y del Terrorismo (18-IV-1947) y una Circular de la Dirección General de Seguridad (11-III-1947) prohibía expresamente utilizar el término de “guerrilla” o “guerrillero”, ordenando que se emplease el de “bandolerismo” o “bandolero”. Estas circunstancias van a ser utilizadas por Pizarro para, investido de plenos poderes, y tras militarizar todo el territorio provincial considerándolo “zona de guerra”, iniciar lo que Mercedes Yusta define como “una guerra personal contra el maquis”, a los que el general llamaba despectivamente “forajidos”.
Pizarro que, en su “cruzada” particular contó con el apoyo de numerosos contingentes de la Guardia Civil, y, también de la Policía Armada, voluntarios de Falange y somatenistas, intentó controlar los refugios naturales de la guerrilla en las serranías. Para ello, ordenó el desalojo de todas las masías para así cortar el apoyo y los suministros al maquis, utilizó nuevas tácticas de contraguerrilla (guardias disfrazados de maquis que roban y torturan indiscriminadamente) y de “tierra quemada” (quema de cosechas) para así minar los apoyos civiles al maquis. Igualmente, bajo su mandato se vivió una situación de auténtico terror entre la población sospechosa de simpatizar con la guerrilla utilizando métodos de enorme dureza: las palizas, los fusilamientos simulados para lograr confesiones, el envenenamiento de víveres o la implacable aplicación de represalias y de la fatídica “ley de fugas”, fueron frecuentes. Además, como testigos mudos de todo ello, ahí quedaron nuevas fosas comunes, como las existentes en Alcalá de la Selva, Mora, Monroyo, Civán y otros lugares de triste recuerdo.
La ofensiva de Pizarro se inició el 9 de agosto de 1947 con el ataque, mediante un bombardeo con morteros y el posterior incendio del pinar en que se refugiaban, del campamento guerrillero de La Cerollera, en el que tenía su base de operaciones el Sector 17 de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA) al mando de Angel Fuertes (“Antonio”). Unos meses más tarde, el 18 de diciembre, la Guardia Civil asaltó el campamento del maquis en Monte Camarracho, cercano a Cabra de Mora y poco tiempo después el objetivo fue el campamento-escuela del Sector 11 del AGLA de Monte Rodeno, situado en el término de Tormón.
Aunque en 1948 tuvo lugar la llamada “ofensiva de primavera” del AGLA, ésta se hallaba muy debilitada por la acción represiva de Pizarro. No obstante, el maquis mantuvo una cierta actividad hasta finales de 1949, fecha en la cual murió cerca de Alcañiz Pelegrín Pérez (“Ricardo”), máximo responsable del AGLA, y el 7 de noviembre era asaltado el importante campamento de Santa Cruz de Moya, localidad conquense convertida en la actualidad en un auténtico memorial de la lucha guerrillera antifranquista.
Por todo lo dicho, la larga y negra sombra del general-gobernador Pizarro quedó marcada a sangre y fuego en las tierras de Teruel. No obstante, ahora, 70 años después de aquellos trágicos hechos, es de justicia recordar la memoria del maquis turolense, de aquellos tenaces combatientes antifranquistas, de todos los enlaces civiles que, en tan difíciles circunstancias apoyaron su lucha para intentar abrir nuevos horizontes de libertad y de progreso social para España. En este sentido, resulta esperanzador el hecho de que las instituciones aragonesas reactiven políticas públicas de la memoria: este es el caso de la futura Ley de Memoria Democrática impulsada desde el Gobierno de Aragón, la concesión el pasado día 4 de julio por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza de la Medalla de Oro de Santa Isabel de Portugal a las asociaciones memorialistas aragonesas, la recuperación de las subvenciones esta materia por parte tanto del Gobierno autonómico como por las diputaciones de Huesca y Zaragoza, o el futuro proyecto del Memorial por la Paz de Teruel. Ese es el camino a seguir por un elemental sentido de justicia democrática.

José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 julio 2017)

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