LA LEY DE FOSAS, UNA LEY NECESARIA

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Cándido Marquesán Millán

 

             

Cataluña ha sido la comunidad más sensible a todo lo relacionado con la recuperación de la Memoria Histórica. Ya en febrero de 2003, con Gobierno de CIU, se creó la Comisión Interdepartamental sobre la Localización de Fosas de Personas desaparecidas durante la G.C y el F.  Pocos días después, en la misma legislatura, el 27 de marzo de 2003, el Pleno del  Parlamento aprobó por unanimidad una Moción sobre la recuperación de la Memoria Histórica especialmente sobre las personas desaparecidas durante la G.C. y el F., instando al Gobierno a culminar el mapa de todos los lugares donde hubiera fosas comunes en Cataluña,. Con el actual Gobierno del Tripartito, la Comisión Interdepartamental consideró que para conseguir todos los objetivos comentados, el instrumento esencial sería una Ley, que es la que estamos comentando y que han votado a favor los partidos miembros del Tripartito junto con CIU, en cambio lo han hecho en contra, lo que era previsible, los populares y se han abstenido los 3 diputados del grupo mixto.

             El objeto de está Ley es localizar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista para reconocerles su dignidad y hacer efectivos los derechos de sus familiares y a obtener información sobre su destino y a recuperar e identificar sus restos, si se puede. A señalizar y dignificar los lugares de los enterramientos y a recuperarlos como espacios de memoria. A satisfacer el derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y las circunstancias en las que se van a producir las desapariciones. Los gastos  derivados de las actuaciones para la búsqueda y localización de las personas inscritas en el Censo de personas desparecidas, que aparece en el artículo 4 de la Ley, correrán a cargo de la Administración de la Generalitat. Todo un reto, si tenemos en cuenta que en Cataluña existen 179 fosas, como mínimo, donde podrán estar más de 9.000 cadáveres, y que el abrir una fosa puede suponer unos 40.000 euros, y 1.000 euros cada trabajo de identificación forense.

En el Preámbulo constatamos una fundamentación jurídica de profundo calado, ya que la susodicha Ley se inscribe en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los diferentes tratados o acuerdos internacionales  sobre derechos humanos a los que se refiere el artículo 4 del Estatuto, y además no hace sino hacer cumplir lo establecido al artículo 54 del Estatuto que señala: La Generalitat y los demás poderes públicos deben velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como patrimonio colectivo que atestigua la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas. A tal fin, deben adoptar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña. La Generalitat debe velar para que la memoria histórica se convierta en símbolo permanente de tolerancia, de dignidad de los valores democráticos, de rechazo de los totalitarismos y de reconocimiento de todas aquellas personas que han sufrido persecución debido a sus opciones personales, ideológicas o de conciencia.

Igualmente se menciona en el mismo Preámbulo el golpe de estado del 18 de julio contra el Gobierno constitucional de la II República, representado en Cataluña por el Gobierno de la Generalitat, y que trajo consigo una larga y cruenta guerra civil que, en ambas retaguardias, en ambos bandos, propició un estallido de violencia que costó la vida a millares de personas; sobre todo entre los meses de julio a diciembre de 1936, ya que se generalizaron detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales e inhumaciones clandestinas. Una vez acabada la Guerra Civil, la represión institucionalizada por parte de los vencedores en forma de consejos de guerra sin ningún tipo de garantías jurídicas continuó durante una larga posguerra.

Ya en 1937 el Tribunal de Casación de Cataluña, a instancias del Gobierno de la Generalitat, puso en marcha la primera acción para recuperar, dignificar e identificar los restos de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y de las inhumaciones clandestinas en Cataluña, cometidas en la zona leal a la Republica. En el caso de las autoridades rebeldes, la primera acción para tal fin se hizo en octubre de 1936, que continuó  una vez acabada la guerra, pero solo afectó a las víctimas de la represión republicana, olvidándose de las víctimas de la represión franquista, cuyos restos todavía se encuentran en fosas comunes de localización no siempre conocida. Por ende, se ha producido un agravio comparativo. Mientras que unos están enterrados en tumbas con sus nombres conocidos, otros no lo han conseguido. El tratamiento legal de unos y otros es muy diferente, lo que constituye una vulneración del principio de igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución española, que establece “ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social”.

Además de los diferentes apartados de la Ley, resultan altamente aleccionadoras en su tramitación parlamentaria otras razones justificativas de la Ley. Según Joan Saura,  de carácter estrictamente democrático, ya que si hoy vivimos en un régimen consolidado de libertades  y de paz, es absolutamente imprescindible reparar esta injusticia, una cuestión de coherencia con nuestros propios principios. Además el afrontar y asumir los horrores y los crímenes del pasado es una característica de las democracias maduras. ¿Qué mejor muestra de reconciliación que ser capaz de asumir el pasado doloroso y tomar medidas para corregir tales errores? Esta Ley contribuye a la reconciliación, así como el refuerzo de la convivencia democrática. Pero además hay una razón de carácter ético, que debía superar cualquier diferencia política. ¿Quién podría aceptar que un ser querido continuase en cualquier margen de un camino?  Esta Ley pretende compensar a los numerosos familiares, que desean ansiosamente dar una cristiana sepultura a sus seres queridos.

En su intervención, el Consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, cita un fragmento realmente profundo, que debe hacernos pensar a todos, del prólogo que el historiador Joan Villarroya, escribió para el libro, titulado Els morts clandestins. Les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya, de Queralt Solé i Barjau. Joan Villarroya indica que: “El setiembre pasado, estando en Dieppe, en la costa de Normandía, visitó el cementerio de los soldados canadienses muertos en el desembarco. Cada tumba está perfectamente cuidada, porque los chicos de las escuelas de los alrededores las han apadrinado y son los responsables de limpiarlas y plantarles flores. Esta visita al cementerio de Dieppe se puede extender a los cementerios que se conservan en Francia, donde están enterrados los soldados aliados y alemanes muertos durante la I y la II Guerra Mundial, incluso los restos de los soldados desconocidos reposan en grandes tumbas. Hay respeto y dignidad por todos los combatientes, enfrentados en el campo de batalla. Pasados más de 60 años del final de la última guerra mundial, se conservan intactas las tumbas de los soldados caídos, tanto sean franceses como alemanes. 

Tras la lectura del fragmento del prólogo, Joan Saura, se hace la siguiente reflexión: Ni en Cataluña ni en el conjunto del Estado español es posible visitar a cementerio alguno, donde de manera digna e individualizada estén los despojos de los soldados muertos en el frente, mucho menos todavía, el de las víctimas de la represión que la Guerra Civil ocasión”.

También resulta muy interesante el cierre de la intervención del diputado socialista-ciudadanos por el cambio, Sr. Balcells, cuando recurre a las palabras de una periodista, que se ha dedicado a investigar aquí y en otros lugares con dramas similares el problema de las fosas. Se refiere a Montse Armengol, que en su libro Les fosses del silenci, partiendo de la experiencia de Nicaragua, se hace la siguiente reflexión: “En Guatemala hemos visto como nos pasaban la mano por la cara por el esfuerzo institucional para localizar las fosas, para obtener ayudas internacionales, para hacer un banco de ADN, para tener un psicólogo a pie de fosa que atendiera a los familiares de las víctimas en aquel momento, a la vez esperado y doloroso, en que surge el primer hueso, una bota o una chaqueta, que confirma la pérdida violenta de un ser querido. El momento en que una pala abre la tierra y se rompe el silencio; el momento en que, por fin, puede comenzar el duelo, el personal, el del familiar del desaparecido y el colectivo: el de la sociedad que ha padecido la tragedia. Nada de eso”- acaba diciendo Montse Armengol- “hemos visto en esta España que presume de dar lecciones de transición o de perseguir a los dictadores criminales”.

Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña, intervino Rafael López, señalando que para satisfacer el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad de los hechos ocurridos y las circunstancias en que se produjeron las desapariciones, no se necesita una Ley. Como tampoco crear más organismos. Acusa al gobierno del Tripartito que en 5 años no han hecho nada para reparar moral, económica y jurídicamente a las víctimas. Termina aduciendo que quieren la reparación de todas las víctimas.

Entiendo que los objetivos marcados y explicitados anteriormente, son de tanta importancia, que como mínimo debía hacerse en una norma, con rango de Ley. Pienso que esta decisión emprendida por la Generalitat es muy importante, ya que viene a saldar una deuda pendiente con muchos de los muertos que todavía permanecen esparcidos por las cunetas de numerosas carreteras. Lo lamentable es que se haya tenido  que esperar tanto, para que una Administración del Estado español haya dado ese paso adelante. Cabe pensar, sería deseable, que se sumen otras en los años sucesivos. Porque no deberíamos olvidar, como acaba de señalar recientemente Carlos Jiménez Villarejo  que el juez Baltasar Garzón será citado como imputado en cuanto presunto autor de un delito de prevaricación, consistente en dictar a sabiendas resoluciones injustas. Es el delito más grave que puede atribuirse a un juez. La razón es que, según el Tribunal Supremo, decidió investigar el golpe militar del 18 de julio de 1936 y una limitada parte de los crímenes de la dictadura, las más de 100.000 personas desaparecidas cuyo paradero aún se desconoce y los secuestros de menores. La organización ultraderechista Manos Limpias y cinco magistrados del Supremo van a hacer posible un hecho que produce estupor a la conciencia democrática.  Es este el país que tenemos.

Publicado en Extremaduraaldía, 30 de junio de 2009

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