LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA DOS AÑOS DESPUÉS

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Alfredo Liébana Collado

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre conocida como Ley de memoria histórica avanza en su desarrollo y aplicación, pero ha creado unas expectativas que no están siendo cubiertas en algunos aspectos por la actitud de determinados poderes públicos y sobre todo por las actitudes poco comprensivas de la situación en colectivos que están enquistados en actitudes defensivas.

Pasemos a hacer un balance de su aplicación:

  1. El reconocimiento de la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas Internacionales (sin tener que renunciar como ocurría con anterioridad a la nacionalidad de origen), aunque es una medida que llega tarde ya que es muy escaso el número de personas que siguen viviendo, se han tramitado una veintena de casos.

  2. El reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes del exilio. Tramitación que se podrá hacer hasta diciembre del 2010, aquí el problema está en la dificultad de demostrar algunos de los requisitos después de tanto tiempo y la información a los posibles destinatarios. Está funcionando de manera diferente de unos países a otros, por encima de lo esperado en Cuba y por debajo en Argentina por ejemplo. 81.715 personas consiguieron el pasaporte español en 2009 en aplicación de esta norma, no sólo para los descendientes del exilio de 1939, sino de todo emigrante hasta 1955. Se espera alcanzar la cifra de los 200.0001.

  3. Las declaraciones personales de reconocimiento, se han realizado 5672 yno están teniendo ninguna dificultad destacable, a excepción del asunto de la UMD donde se ha avanzado en su reconocimiento, pero siguen existiendo reticencias en determinados ambientes militares, donde su presencia sigue siendo controvertida y no natural. Hay quejas de involución en determinados reconocimientos al papel de militares republicanos en los Museos Militares, especialmente en el aire.

El caso más llamativo ha sido la concesión del reconocimiento a Miguel Hernández en el marco del homenaje que se le está realizando en este año.

  1. Las medidas complementarias de indemnización a represaliados del franquismo y fallecidos o que hubieran tenido lesiones incapacitantes durante la transición. Es todavía pronto para saber su alcance, pero tampoco están teniendo dificultades.

  2. El acceso a los libros de defunción de los registros civiles. Se está favoreciendo desde la web del Ministerio de Justicia. Permite la localización de desaparecidos y su posible enterramiento.

  3. Retirada de los símbolos del franquismo de las instituciones del Estado y en organismos relacionados. Sobre este asunto han existido ciertas polémicas, pero va desarrollándose con relativa eficacia. El Ministerio de Defensa lo ha afrontado con valentía habiendo alcanzado a lugares que sorprendentemente seguían anclados en la etapa predemocrática, se calcula en un 80 % la retirada de símbolos realizada, de un total de más de 400 actuaciones previstas. Falta por afrontar la nomenclatura de las instalaciones.

En muchos ayuntamientos de derechas se siguen poniendo dificultades a realizar algunos cambios en las denominaciones de las calles y plazas, pero con el debido tacto y firmeza se irá avanzando. El Ayuntamiento de Madrid por ejemplo, se permitió hacer una crítica despectiva a la petición de cambio de la denominación de una plaza en la que aparecía el dictador3, esto es algo fuera de lugar y da una medida de las dificultades que quedan por superar en muchas conciencias.

  1. El asunto de las fosas comunes de asesinados republicanos, este es uno de los asuntos más polémicos sin razón lógica para ello, cuando algunos critican que se diga para todos los asesinados de los dos bandos olvidan que de acuerdo a la Causa General (informe realizado por el franquismo al finalizar la guerra respecto a su bando y no al de todos los españoles) fueron entregados a sus familiares y financiados el enterramiento adecuado. La excepción es del resto, que obligadamente fueron a parar anónimamente en una gran parte al Valle de los caídos junto al responsable del golpe, o ni siquiera fueron desenterrados. Uno de los objetivos de la Ley de memoria histórica era hacer un mapa de las fosas encontradas, pero esto ha tenido enormes dificultades en las autonomías gobernadas por el PP y en la actitud de algunos jueces de no facilitar los trámites correspondientes.

Actualmente hay un acuerdo parlamentarioPSOE-IU para desarrollar la Ley en el sentido de financiar y completar el mapa de localización de las fosas.

  1. El asunto de las competencias judiciales sobre los desenterramientos, este asunto que debería haber sido menor, como la Ley no lo dejaba claro y al necesitarse permisos que corresponden a competencias transferidas ha obligado a algunas asociaciones a pedir la intervención de la Audiencia Nacional, siendo el juez Garzón el que asumió, en contra del criterio del fiscal, iniciar una causa legal contra el franquismo (en derecho es obligado fijar un responsable para iniciarla) que permitiera actuar en los desenterramientos en todos los casos con una causa común. Esta solución que parecería la más lógica, pero que al no estar explícitamente indicada en la Ley de memoria histórica, ha provocado una polémica interna entre los jueces con el tribunal supremo, obligando a Garzón no sólo a dejar la causa en manos de los jueces de las jurisdicciones territoriales correspondientes (con polémica incluida, unos lo aceptan y otros no), sino a sufrir un acoso de tal calibre que le ha provocado la suspensión de su carrera judicial, por cierto en contra del criterio del fiscal, es decir un lío mayúsculo.

Al alcanzar este punto cabe hacer algunas reflexiones:

- Sobre el poder judicial, que está poco acostumbrado a que le critiquen, confundiendo el respeto a sus decisiones (en algunos casos confusas y contradictorias) con el que puedan ser criticadas y recurridas. Si se analiza la transición una de sus virtudes y de sus defectos es que hubo un paso de la legalidad a la legalidad (lo que evidentemente es un absurdo porque se fue desde la dictadura a la democracia), pero no solo desde las leyes, sino desde sus intérpretes (los jueces). Puede decirse que lo mismo ocurrió con otros estamentos como los policías y los militares, pero allí hubo una serie de acciones administrativas y unos plazos para la “reconversión”.

En uno de los autos del juez Varela se hacía la asombrosa declaración de que la labor de los jueces a favor de las víctimas de la dictadura había sido encomiable. Mientras lo cierto era que la mayoría de la judicatura mostró siempre una enorme pasividad ante los conocidos atropellos realizados por la Policía Nacional y por la Brigada Político Social. Tales jueces nunca investigaron o denunciaron las detenciones, torturas y asesinatos de la Brigada Político Social; nunca honraron u homenajearon a los jueces que fueron asesinados o expulsados por su lealtad a la República; nunca juzgaron a los jueces del TOP4; y la gran mayoría no ha hecho nada para ayudar a las familias de los asesinados desaparecidos a encontrar sus cuerpos y darles la sepultura y el reconocimiento debidos5.

- Sobre el increíble el nivel de tensión producido en la opinión pública provocado entre otros por algunos políticos como Esperanza Aguirre, que dijo una frase terriblemente hiriente sobre los manifestantes que apoyaron a Garzón en la polémica judicial, diciendo que eran un aquelarre de carcamales resentidos en una muestra más de su talante liberal, trufado con unas declaraciones posteriores respecto a que estaría dispuesta a abrir un registro para los desaparecidos de los dos bandos ¡!. Y a renglón seguido al cabo de unos días, con el mismo desparpajo, que los gastos los asumiera el Estado.

Hacer un seguimiento del tema en algunas de las cadenas de TV de ideología derechista daba espanto…, se estaba declarando la guerra civil y todos buscando alguien responsable de un asesinato real o supuesto en aquella época.

La traducción de lo anterior es que es evidente que un sector de la derecha sigue sintiéndose acosada porque no asume que una derecha democrática debe abominar de la dictadura, como no lo hace, resulta obviamente cómplice, lo que es malo para el país y para el verdadero espíritu de reconciliación.

- Sobre el sentido del debate sobre la transición más de treinta años después, algunos se quedaron en que cualquier comentario que no sea elogioso es despreciable y va contra la convivencia. Cabría pensar que aquella situación fue idílica y nada más alejado de la realidad, solo es cierto que se encontró un acuerdo histórico (desigual para los demócratas y especialmente para la izquierda). Hubo muchas cosas que hubo que dejar atrás y mirar hacia delante, pero en algún momento hay que sedimentar la situación, dejar a cada uno en su sitio. La ONU ha realizado ya tres informes el pasado año solicitando una revisión de la Amnistía al indicar que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, como por otra parte indican nuestros acuerdos internacionales y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que aplican tesis idénticas y que estamos dispuestos a aplicar a los demás, pero…no a nosotros.

Lo que se produce es una acusación al juez, que abre una causa contra el franquismo siguiendo esa doctrina internacional, por Falange (uno de los artífices del golpe) y un sindicato ultraderechista y asombrosamente es tomada en consideración por el Tribunal Supremo como ¡un acto de prevaricación!…sin comentarios.

¿Cuál es la posición de la UGT? Obviamente estar con las víctimas del franquismo y apoyar al juez en contra de sus acusadores.

Una reciente encuesta del diario Público con 800 encuestas daba un 60 % de españoles estaban de acuerdo en que se investiguen los crímenes del franquismo, existiendo un 27 % que se oponen. Siendo un 70 % de los jóvenes los que quieren saber. La ley de Memoria histórica nació con un 34 % de apoyo, ascendiendo en el 2010 al 41 %. Una amplia mayoría entiende que debe hacerse un enterramiento adecuado de las víctimas.

Como conclusión parece lógico desarrollar la Ley de memoria histórica de una manera progresiva y con el mayor consenso social posible, pero eso sí con firmeza en la convicción de su necesidad.

El reconocimiento de la nacionalidad para los descendientes del exilio es un acto de patriotismo.

La retirada de símbolos del franquismo es uno de los éxitos de la Ley de memoria histórica.

La devolución de los restos de los asesinados por el franquismo es un acto de justicia inaplazable.

Las competencias judiciales sobre las investigaciones sobre los crímenes del franquismo han desembocado en una fuerte crispación social.

Debatir la Transición, apreciando los logros en la convivencia, sin obviar la justicia.

La democracia no puede basarse indefinidamente en el olvido.

 

1 La familia de Víctor Colomer Vilasetrú, exiliado de niño en Mexico, son algunos de los reconocidos en la nacionalidad española, su padre fue alcalde accidental de Barcelona los tres últimos días hasta la toma franquista en enero de 1939. Era un maestro de origen campesino nacido el 1896 en Corbins (Lleida), miembro del PSUC y Concejal de Cultura durante los tres años de guerra participando en la reorganización de la enseñanza en la capital.

2 Datos de la agencia EFE del 2 de abril 2010.

3 El Sr Cobo se permitió el apelativo de “cansino” al presidente del gobierno por obligar con la Ley de memoria histórica al cambio de denominaciones.

4 El 74% de los 3.798 casos acabó en condena, según Juan José del Águila. El Público 16 de mayo 2010.

5 “Los jueces y las víctimas” Vicén Navarro El País 22 abril 2010.

 

 

Este artículo es continuación de otros dos publicados en los números 62 y 68 respectivamente  en la revista de FETE Madrid Aula Sindical.  LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA DOS AÑOS DESPUÉS, se ha publicado también en el nº 75 de ago 2010

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