LOS HIJOS DE DON QUIJOTE

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Cándido Marquesán Millán

¿Por qué se ha dado el nombre de Don Quijote? Augustin Legrand, cofundador de la asociación lo explica con nitidez: Basta con recordar la gran batalla épica para provocar una reacción de solidaridad. El Gran caballero andante capaz de combatir el mal y la injusticia, enfrentándose a los molinos de viento más odiosos es un modo de moral absoluto.
Sus propuestas las han formulado en la Carta del Canal de San Martín, un documento cuya intención aparece claramente en su subtítulo: Por el acceso de todos a una vivienda. Es breve, pero sustancioso. Merece la pena leerlo. En el Preámbulo se indica que todo ciudadano rechaza la situación inhumana que viven algunos de ellos, sin domicilio fijo. Debe acabar esta situación que es un escándalo y una vergüenza para el país. Tiene 6 artículos. Por orden son: Abrir las estructuras de alojamiento 24 H/24H, 365 días al año, y humanizar las condiciones de recepción. ¡Terminada la devolución a calle! Toda recepción en alojamiento debe llevar a una solución estable. Crear inmediatamente una oferta de alojamientos temporales. Crear viviendas sociales, accesibles a los hogares más pobres. Desarrollar formas alternativas de vivienda. Y el último, hacer el derecho al alojamiento legalmente oponible en todo el territorio, lo que significa que todo ciudadano, que no pueda albergarse decentemente por sus propios medios debe poder obtener una propuesta de alojamiento, y a falta de ella debe disfrutar del derecho a someter su caso al juez.. En definitiva, las autoridades públicas deben garantizar el derecho a una vivienda digna, igual que los derechos a la educación y a los cuidados sanitarios.
Ya existen en Francia algunas asociaciones que trabajan desde hace años en defensa de los SDF, pero los Hijos de Don Quijote aportan matices nuevos. Manejan bien la cámara y todavía mejor Internet, por lo que pueden hacer daño y en consecuencia la clase política francesa no ha tenido otra opción que tenerlos en cuenta. Por ello el derecho a disponer de una vivienda digna ha entrado en el debate político de cara a las próximas elecciones. La propuesta de los HDQ la asumió el presidente Jacques Chirac, que ordenó un proyecto de ley urgente. Cabe recordar que en 1995 prometió ya acabar con el escándalo de los que no tienen techo para cobijarse. Jean Louis Borlo, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ha recibido a sus representantes, para estudiar iniciativas. Dominique Villepin, primer ministro, acaba de anunciar que el proyecto de ley lo va a presentar, con el fin que esté aprobado antes de que termine esta Legislatura. Se ha comprometido también a medidas puntuales y rápidas para resolver el problema de los sin vivienda, aunque no será hasta fines de 2008, cuando todos ellos podrán disponer de un techo estable y digno; y en el 2012 se hará realidad que el derecho a una casa sea exigible ante los tribunales.
Debemos sentirnos solidarios con este movimiento, profundamente justo y estar a la expectativa en cuanto a su desarrollo; no vaya a ser que se olvide por la clase política una vez hayan pasado las elecciones.
Todo lo que ocurre en Francia tiene especial trascendencia en el resto de Europa. Con todos los problemas que tiene el país galo, todavía sigue siendo su modelo social el más justo y solidario. Aquí deberíamos tomar nota, porque un movimiento parecido no sería extraño que pudiera aparecer. Razones suficientes existen para que así sea. En España según las últimas cifras disponibles hay actualmente 30.000 personas que carecen de un techo y que duermen entre cartones en los cajeros automáticos de muchas oficinas bancarias. Además unas 273.000 personas residen en infraviviendas. Ya no entro en el precio de la vivienda, que es una auténtica vergüenza. En toda la Unión Europea, se estima que hay unos 3 millones de personas sin hogar y otros 18 millones que habitan en viviendas precarias.
Que a muchos españoles nos dé igual esta circunstancia, no es de recibo. Sin embargo los poderes públicos tienen la obligación de hacer algo. No en vano en nuestra Constitución, en el Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica, su artículo 47 dice así: Todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Leer este artículo me produce sonrojo y vergüenza, si observamos la situación española actual. Sesudos juristas me dirán que el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, tal como lo son los que aparecen en la Sección Primera del Capítulo II. Aun siendo cierta esta aseveración, no debe olvidarse que los Principios del Capítulo III tienen que informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos pero no cabe alegarlos directamente sino de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Ello no quiere decir que carezcan de valor, como a veces de una manera simple se dice. Estos Principios son ideas de tendencia, criterios interpretativos, que podrían eventualmente conducir a la inconstitucionalidad de una ley contraria ellos. El Tribunal Constitucional precisó que estos principios no son normas sin contenido y que, por consiguiente, hay que tenerlos presentes “en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes”.

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