POLÍTICAS DE JUSTICIA SOCIAL

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Cándido Marquesán Millán

Todas ellas tienen en común el conceder más derechos a más españoles, a los colectivos más desfavorecidos, como mujeres, homosexuales o dependientes, sin quitar nada a nadie. Están impregnadas de valores de justicia social, de solidaridad, y de ampliación de las libertades y de la igualdad, los que siempre han caracterizado a la izquierda.

Desde el comienzo de la democracia hasta hoy se han producido cambios importantes en la vida de las españolas, apoyados en el desarrollo económico de nuestro país. El siglo XX fue el siglo de las grandes reivindicaciones sociales y, entre ellas, la lucha de las mujeres por sus derechos. Pero ello no quita el que la mujer se vea sometida todavía hoy a una serie de situaciones tremendamente injustas, y que deben ser erradicadas.

Por ello, el primer Consejo de Ministros de la legislatura fue el escogido por el Gobierno para presentar el informe sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género, cuyo texto se remitió a las Cortes para proceder a su tramitación parlamentaria. Y con prontitud se llevó al BOE con fecha 29 de diciembre de 2004. Era necesaria. Una sociedad sana no puede permitir una de las lacras más dramáticas, que supone una flagrante violación de los derechos humanos, cometida contra las mujeres, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Con todo un conjunto de medidas se pretende evitar esta injusticia que insulta a la especie humana.

También es importante impulsar cambios que conviertan el principio de igualdad de trato para las mujeres en una realidad, como señala el artículo 14 de nuestra Constitución. Con este propósito acaba de aprobarse en el Parlamento, el pasado día 15 de marzo, no publicada todavía en el BOE, la LEY Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en cualesquiera ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. Rodríguez Zapatero dedicó este 15 de marzo de 2007 a Clara Campoamor, la diputada que defendió el voto femenino hace 75 años y a las mujeres que se quedaron en el camino; a todas aquellas a las que la historia quiso robarles los sueños, y a las que no saben todavía que esa libertad plasmada en el derecho a ser ciudadanas también les pertenece.

En nuestra Historia reciente hemos podido constatar también una larga trayectoria de discriminación basada en la orientación sexual, a la que se ven sometidos todo un colectivo de seres humanos, los homosexuales. Una sociedad moderna y democrática no puede permitir esta situación. Por ello se hace imprescindible el establecimiento de un marco de realización personal que permita que aquellos que libremente adoptan una opción sexual y afectiva por personas de su mismo sexo puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad. Con esta finalidad se aprobó la LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Así como también la LEY 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

La Ley del Divorcio de 1981 supuso un gran avance en la sociedad española, mas tras un cuarto de siglo de vigencia ha dado muestras de ciertas carencias y disfunciones. Pueden servir de ejemplo los casos de procesos de separación o de divorcio que, antes que resolver la situación de crisis matrimonial, han terminado agravándola. Los cambios en el modo de concebir las relaciones de pareja en nuestra sociedad hacía necesaria una reforma de la legislación vigente. A tal efecto se aprobó la LEY 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. De acuerdo con el artículo 32 de la Constitución, la Ley persigue ampliar el ámbito de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de solicitar la disolución de la relación matrimonial, agilizando los trámites y abaratando los costes. Como gran novedad incorpora que entre los deberes de quienes contraen matrimonio-además de estar obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente-, están “el compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y la atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo”.

Existen alrededor de 1,2 millones de personas dependientes atendidas, día y noche, sobre todo, por el colectivo de las mujeres, que, con grandes dosis de altruismo y de sacrificio, están llevando a cabo unos trabajos que deberían ser asumidos por las instituciones públicas. Había que hacer algo. En consecuencia, en un claro intento de profundizar el Estado de Bienestar se aprobó la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que va a permitir una atención pertinente desde la teleasistencia o ayuda domiciliaria al ingreso en una residencia, pasando por centros de día o de noche. Naturalmente que van a ser necesarios muchos recursos, mas serán proporcionados por la Administración Central, autonómica y por una aportación de los usuarios en función de sus recursos económicos.

Obviamente las Leyes no pueden cambiar completamente la realidad, pero sí que abren brecha para conseguirlo.

 

Diario de Teruel, 22 de marzo de 2007

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