A por el funcionario

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Cándido Marquesán Millán

He escrito ya en otras ocasiones sobre esta cuestión. Mi intención era de no hacerlo de nuevo. Mas ante los nuevos acontecimientos, no tengo otra opción.                 

 Desde hace unas décadas se ha convertido en una costumbre  en amplios sectores de la sociedad española la animadversión hacia el sector público; y en contraposición una idolatría injustificada hacia lo privado, en tanto en cuanto este es considerado mucho más eficaz que aquel. Por ello, cualquier procedimiento es valido para coadyuvar a tal finalidad. Uno de los más usados, es el ataque indiscriminado a los empleados públicos, aduciendo que además de ser muchos, son poco eficientes. Lo acaba de hacer,  el presidente de la CEOE, Juan Rosell al decir que sobraban unos 900.000,  que se debían acabar sus privilegiosy tratarlos "lo más parecido posible" a los trabajadores del sector privado. Sería exigible a una persona con un reconocimiento público, como es el máximo representante de los empresarios españoles, el ser especialmente prudente a la hora de emitir determinados juicios, que suponen el cuestionar la profesionalidad de todo un colectivo de trabajadores. Además sus palabras reflejan la idea de sentirse molesto por la seguridad en su puesto de trabajo de los empleados públicos. Por lo que parece, su pretensión sería la de someterlos a la precariedad y temporalidad a la que ya se ven sometidos muchos trabajadores del sector privado y que serán potenciadas de acuerdo con la próxima reforma laboral; y que por si no fuera ya suficiente, algunos de ellos, si no lo impide el gobierno de Rajoy, se verán sojuzgados a tener que trabajar por 400 euros, los llamados miniempleos. Lo más parecido a un régimen de esclavitud.Es una obscenidad plantear esta propuesta, ya que condenaría a los jóvenes y a los menos jóvenes a la miseria permanente. ¿Cómo se puede vivir con salarios de 400 euros? Que se pongan ese sueldo durante un mes los que lo plantean y nos cuenten su experiencia. Si así quieren reducir las cifras de parados, yo les recomendaría que en lugar de 400 euros pagaran 200, y así se reduciría el doble la cifra de parados. También a los nuevos contratados, mientras desempeñan su trabajo se les podía colocar un  plumero atrapapolvo allí donde la espalda pierde su honesto nombre y se podría despedir a la señora de la limpieza. 

Retornando a los empleados públicos, es errónea la afirmación de que haya demasiados, ya que tal como afirma Vicenc Navarro en España, se da un escaso desarrollo del sector público, en el 2006 (antes de que comenzara la crisis) el porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público era del 13,35% y la UE-15 un 17,34%, por lo que existe un enorme déficit de personal en los servicios públicos, y muy en especial en los servicios del Estado del bienestar, a los que, las élites mediáticas y políticas no suelen acudir, ya que lo hacen a los servicios privados. Corroborando esta idea, al Sistema Nacional de Salud le faltan médicos, ya que España tiene un déficit de unos 9.000 facultativos, sobre todo se necesitarán pediatras, ginecólogos, especialistas en cirugía general, anestesistas y médicos de familia. Todavía más, Sanidad estima que en el 2025 faltarán 25.000 profesionales. Y no digamos la cantidad de personal que se va a necesitar para poner en marcha de una vez la Ley de Dependencia, cuyo desarrollo está siendo boicoteado desde las comunidades autónomas gobernadas por los populares. Como también lo serán en el ámbito educativo, de investigación, de seguridad pública, etc. O sea que excesivos no es cierto. Si lo que se pretende con estas afirmaciones es desacreditar, para privatizar determinados servicios públicos y así hacer negocio, que se diga, para que lo conozca la ciudadanía.  En cuanto a dudar de su profesionalidad es injusto, ya que la gran mayoría  de trabajadores públicos ejercen su profesión con un gran sentido de la responsabilidad.  Por otra parte, conviene recordar que a la gran mayoría de ellos nadie les ha regalado nada y que si hoy están en la administración pública, ha sido tras superar una durísima oposición- a la que puede presentarse todo el mundo- basada en los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, que ha requerido largos años de preparación. Muchos se han quedado por el camino. No vendría mal que nuestros gobernantes y responsables de las diferentes Administraciones Públicas, sería su obligación, hubieran criticado las palabras de Rosell y  además tuvieran alguna consideración o respeto  hacia sus empleados, defendiendo y justificando su trabajo, en lugar de  jugar y cuestionar su pervivencia y sus condiciones laborales, poniéndolos a los pies de los caballos ante sus ciudadanos. Mas ya conocemos su forma de actuar ante los empleados públicos. Cualquier político sabe que no hay nada más fácil que recortar los sueldos públicos y obligarles a sus titulares a trabajar más. Vende mucho ante la ciudadanía y los mercados el  humillar al funcionario de carrera, despedir a muchos interinos para que quede bien claro quien manda. Por otra parte, a todo este colectivo se le está negando el derecho a la negociación colectiva recogido en el artículo 37 de nuestra Constitución, y que ha sido desarrollado en el artículo 31 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Como sabemos se les rebaja o congela el sueldo por parte de la Administración, con gran regocijo de muchos ciudadanos, sin ningún tipo de negociación. Mas, si se quejan por ello, se les acusa de insolidarios. Esta es la situación a la que nos ha llevado esta crisis económica.

 

Publicado en El Periódico de Aragón, 24 de diciembre de 2011

 

 

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