RÉQUIEM POR LA JUSTICIA UNIVERSAL

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José Ramón Villanueva Herrero

 La aprobación el pasado 27 de febrero por parte de la mayoría absoluta parlamentaria del PP de  la limitación a la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23 de la Ley 6/85 Orgánica del Poder Judicial,  supone  la práctica imposibilidad de que los tribunales españoles puedan investigar y enjuiciar delitos penados por el  derecho internacional tan graves como  el genocidio, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas o la tortura.

La inquietante involución de la derecha gobernante en esta materia, un auténtico eclipse ético, ha hecho que  España, la tan mentada “marca España”, haya pasado de la mano de la tijera legislativa del PP, a consagrar la impunidad de los crímenes contra la humanidad, todo un cínico ejercicio de utilitarismo frente a los valores de la ética y la justicia. Al  igual que ya hizo Rajoy ante las imposiciones de la dictadura de los mercados y de la Troika, ha vuelto a claudicar en esta cuestión de humanidad para no contrariar a los poderosos intereses económicos y políticos  de China y de los Estados Unidos. Ya lo dijo tan ufano el diputado popular José Miguel Castillo cuando aludió a que, con estas limitaciones jurídicas, se había acabado en España lo que él calificaba con desdén como “la justicia quijotesca”, cuando ésta debería de ser un título de orgullo para cualquier político, para cualquier legislador que, pese a las dificultades, decida acometer con coraje la lucha contra los nuevos molinos de viento, convertidos hoy en genocidas y criminales de guerra tan repugnantes como Franco, Pinochet, George Bush o Jianj Zemin.

España, también en este tema, de la mano de una derecha sin complejos, está empeñada en hacer retroceder el reloj de la historia y de la justicia a tiempos que creíamos superados. Ante esta impunidad, revestida de aparente legalidad, Baltasar Garzón nos recordaba que, “las voces que postulan el olvido [de estos crímenes] pueden tener algún argumento dialéctico o incluso político, pero no moral”. De hecho, esta pretensión involucionista, como bien señalaba Gaspar Llamazares, pese a su aprobación parlamentaria, tiene claros tintes anticonstitucionales.

Resulta indignante que el nuevo marco legal aprobado en solitario por el PP, por muy mayoría absoluta que ésta sea, carece de una legitimación que no da la aritmética parlamentaria, que procede de la ética, la justicia y el derecho internacional. Resulta indignante que el PP extienda el manto de la impunidad, al igual que ya hizo con los crímenes del franquismo, deuda pendiente de nuestra democracia, sobre causas abiertas en los tribunales españoles como los genocidios en el Tíbet, el Sahara, El Salvador o Ruanda, los bombardeos sobre Gaza, los crímenes de las campos de concentración nazis o de Guantánamo, así como también el asesinato de José Couso. De esta forma, España va a pasar de adalid de la aplicación de la justicia universal a incumplir todos los convenios que, en materia de legislación penal internacional, ha suscrito tales como, entre otros, la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2007 (ratificada por España en el 2009). Para nuestra desgracia, España se ha convertido en un lamentable abanderado de la impunidad universal ante la mirada complaciente de los EE.UU. o China, que siempre se han negado a reconocer al Tribunal Penal Internacional. Por todo ello, una vez más resulta una triste evidencia el constatar, en palabras del prestigioso historiador Ángel Viñas, que en España “vivimos una democracia de baja intensidad y de raíces muy endebles”.

Debemos recordar que la justicia universal, ahora cercenada en España, permite que los jueces de todos los países del mundo puedan abrir investigaciones sobre cualquier tipo de violaciones graves de los derechos humanos, llevando ante los tribunales a los autores de tan execrables crímenes, sin importar quien los haya cometido. En este sentido, viene a la memoria una fecha memorable, la del 16 de octubre de 1998, en la cual el juez Garzón emitió una orden de detención contra el general Pinochet, todo un hito en la aplicación del principio de justicia universal, orden que tan entorpecida fue por el entonces gobierno presidido por José María Aznar. Igual de memorable fue el sumario 53/2008 sobre las víctimas del franquismo, también incoado por  Garzón y  en el que constan los nombres de 143.353 víctimas causadas por la represión fascista durante la guerra civil y la posterior dictadura. Ya sabemos que por esta razón y, por la investigación de la trama Gürtel, la derecha política, mediática y judicial, neutralizó la carrera judicial de Garzón pero, pese a ello, sigue habiendo 143.353 razones para que los demócratas españoles defendamos la aplicación de la legislación penal internacional. Lamentablemente, cuando la justicia española cierra sus puertas y, mientras se demanda la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, las víctimas se ven obligadas a recurrir,  en aplicación de la legislación penal internacional que en España no encuentran, a los tribunales de Argentina o a pedir amparo ante el Parlamento Europeo.

Estamos asistiendo a un triste réquiem por la justicia universal en España. Evocando la célebre novela de Ernest Hemingway Por quién doblan las campanas, constatamos con dolor que, dada la posibilidad de que los tribunales españoles actúen con arreglo a los principios de la justicia universal,  aquellas lúgubres campanas vuelven a redoblar hoy  por nosotros, por la cada vez más degradada calidad de la democracia en España.

 

 (publicado en: El Periódico de Aragón, 10 marzo 2014)

 

 

 

 

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