XENOFOBIA Y RACISMO EN ITALIA

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José Ramón Villanueva Herrero

      Recientes sucesos de delincuencia común protagonizados en Italia por gitanos procedentes de Rumanía han sido la coartada perfecta para que Silvio Berlusconi haya adoptado una serie de medidas de claro signo xenófobo y racista hacia la comunidad gitana.

      Todo empezó el pasado 16 de mayo cuando en el conflictivo barrio de Ponticelli (Nápoles) fueron incendiados varios asentamientos gitanos, hecho éste alentado por la Camorra, esto es, por la mafia napolitana, y diversos sectores de la derecha posfascista italiana. Desde tiempo atrás, existía una creciente preocupación en la comunidad gitana pues, tras el triunfo electoral de la coalición liderada por Berlusconi y que, no lo olvidemos, integra a grupos de extrema derecha como Alianza Nacional (AN), se estaban produciendo una proliferación de declaraciones y actitudes racistas en el país latino acusando de forma constante a la comunidad gitana de cometer todo tipo de delitos. Este era el caso de Gianfranco Fini, máximo dirigente de la ultraderechista AN y actual Presidente de la Cámara de Diputados italiana, de Ignazio La Rossa (ministro de Defensa) o de Gianni Alemanno, alcalde de Roma y también militante de AN. Por su parte, Umberto Bossi, líder de la Liga Norte (LN), el mismo que años atrás pedía "hundir a cañonazos" las embarcaciones con inmigrantes ilegales que se aproximaban a las costas italianas, advertía recientemente que "debemos cazar a los clandestinos", entre los que incluía al conjunto de los gitanos inmigrantes de los países del Este, especialmente de Rumanía y, con un lenguaje chulesco más propio de un matón de barrio que de un dirigente político democrático, añadía: "Si quieren pelea, los fusiles están calientes". Por su parte, el polémico ministro del Interior Roberto Maroni (LN) suele asociar la "inmigración" con "criminalidad", idea recurrente de la derecha xenófoba en la cual se sitúa ideológicamente su partido.

      Igualmente preocupante resulta la actitud de Berlusconi, líder de Forza Italia y actual presidente del Consejo de Ministros italiano, en un esperpéntico acto ante las juventudes de su partido tras ganar las elecciones pasadas, en el que los jóvenes derechistas saludaron a "Il Cavaliere" al estilo fascista, éste confesó: "Al verlos, he pensado: la nueva falange romana somos nosotros".

      A ello hay que añadir el creciente activismo de los grupos neofascistas como el autodenominado Grupo Armado para la Purificación Etnica (GAPE), responsable de un incendio en el que murieron carbonizados cuatro niños gitanos, el cual envió recientemente una carta a la prensa lanzando un ultimátum a los gitanos de Italia para que abandonaran el país en un plazo de 20 días.

      De forma premonitoria, el pasado 6 de abril, el Comité de la ONU contra la marginación racial (CERD) ya alertó de que Italia estaba viviendo una campaña de discriminación sin precedentes contra los gitanos y de que era necesario "perseguir a los políticos que alientan el odio racial".

      En consecuencia, prejuicios y actitudes hostiles hacia los gitanos heredadas desde hace siglos están volviendo a brotar en Italia como consecuencia de los movimientos migratorios. Ello origina, a su vez, un peligroso resurgir de ideas xenófobas y racistas alentadas por importantes sectores de la derecha política que, en ocasiones, no oculta sus actitudes fascistoides. No debemos olvidar que la comunidad gitana fue objeto de un asesinato sistemático por parte de la barbarie nazi durante la II Guerra Mundial, un "genocidio olvidado" en el que, a diferencia de lo ocurrido con la comunidad judía, aún está pendiente de encontrar una reparación digna y decente para las víctimas del Holocausto gitano.

      Este cúmulo de circunstancias está dando lugar a una creciente tensión motivada tanto por diversos hechos delictivos ocurridos en Italia, siempre imputables a sus autores y no al conjunto del colectivo gitano al que éstos pertenecen, así como al posterior paquete de medidas sobre seguridad y contra la inmigración decretadas por el Gobierno Berlusconi. Éste, identificándose con el sentir de la derecha autoritaria, está demostrando que, con su política inmigratoria, Berlusconi pisotea flagrantemente los valores y principios de la Unión Europea, de la cual Italia es socio fundador. Así lo ponen de manifiesto los decretos que permiten la detención y expulsión arbitraria de inmigrantes, la tipificación como delito en el Código Penal de la condición de "inmigrante clandestino" (castigado con hasta 4 años de cárcel), la implantación del "censo Maroni" que obliga a fichar a todos los menores de edad gitanos tomando sus huellas y otros datos como su etnia o religión, o el empleo del ejército en las calles italianas como apoyo a la policía a la hora de aplicar estas medidas para aquellas personas cuyos únicos "delitos" son los de ser ilegales, pobres y gitanos. De hecho, en la actualidad Italia puede expulsar a ciudadanos de la Unión Europea (UE) (los gitanos rumanos lo son) pese a que forma parte del Espacio Schengen, incumpliendo así y la Directiva 2004/38 relativa al derecho de los ciudadanos de la UE a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

      Por todo ello, en fechas recientes el Consejo de Europa reconocía en relación a la comunidad gitana, la minoría étnica más numerosa de la actualmente existentes en Europa (aproximadamente 8 millones de personas), que "el trato de a los gitanos es en estos momentos uno de los problemas políticos, sociales y de derechos humanos más urgentes a los que se enfrenta Europa". Por su parte, Thomas Hammarberg, Comisario europeo para los Derechos Humanos recordaba al Gobierno italiano que "una política de inmigración ha de basarse siempre en los derechos humanos y no fijarse solamente en las preocupaciones sobre la seguridad pública".

      Y mientras la derecha italiana alienta desde el poder el peligroso espectro de la xenofobia y el racismo, un hecho conmovedor pasó casi desapercibido. El 18 de julio, se ahogaron mientras se bañaban en las playas de Nápoles dos niñas gitanas de 14 y 16 años: sus cuerpos permanecieron durante horas sin ser retirados de la arena ante la mirada pasiva e indiferente de los bañistas y demás transeúntes. No parece que Violetta y Cristina, que así se llamaban las jóvenes gitanas ahogadas, fueran parte de esa "emergencia gitana", del supuesto peligro social que se atribuye a esta minoría étnica del que tanto habla el posfascista Alfredo Mantovano (AN), exresponsable de Inmigración en anteriores gobiernos de Berlusconi y actual nº 2 del Ministerio del Interior italiano. Y es que, como decía Juan de Dios Ramírez Heredia, antiguo eurodiputado socialista y actual presidente de la Unión Romaní española, "siempre nos toca perder a los mismos: los más pobres, los más indefensos, aquellos para quienes los derechos no pasan, en la mayoría de las ocasiones, de ser letra impresa en papel mojado". Lamentablemente, esta situación es la que sufren, con excesiva frecuencia, la inmensa mayoría de la comunidad gitana, el conjunto del pueblo romaní, en los países de nuestra civilizada y próspera Unión Europea.

(Diario de Teruel, 31 agosto 2008)

 

 

 

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