Hable os otra vez de la monarquía

Enviado por cmarquesanm el Sáb, 13/03/2021 - 09:32
Monarquía

No me agrada escribir sobre este tema, ya que hay otras cuestiones mucho más importantes en estos momentos: paro, cierre de empresas, muertes por covid-19, etc. Hablar otra vez del emérito me molesta. Pero, no me queda otra opción, porque sus actuaciones están tensionando a instituciones del Estado: Gobierno, Parlamento, Poder judicial, Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria. Y por supuesto a la monarquía. Una advertencia a los acérrimos e inquebrantables monárquicos. Se hace más daño a las instituciones desde dentro que desde fuera. La fábrica más poderosa de republicanos es la misma monarquía. Ella sola se desacredita. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tiene que hacer en sus intervenciones malabarismos verbales tratando de justificar que el emérito no recibe un trato de privilegio. Podrá decir lo que le parezca oportuno, pero no se puede ir en contra del sentido común.

Admito que fue clave su actuación el 23-F para salvar nuestra democracia. En todo caso, si fue realmente así, tal como nos cuentan los medios más poderosos, los académicos más prestigiosos y la mayoría de las fuerzas políticas, no hizo más que cumplir con sus obligaciones constitucionales.

La clase política española de la Transición fue muy generosa con la nonarquía. A nivel constitucional fue blindada frente a eventuales reformas por el artículo 168, que para su revisión o eliminación se requiere aprobación por 2/3 de ambas Cámaras y disolución de las Cortes; las nuevas Cámaras deberán ratificar y estudiar la revisión por 2/3, y posteriormente referéndum. En el art, 56.3 La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. El Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 12-4-1977, nº 87), sobre Libertad de Expresión, en su artículo 3º. b, establecía que la Administración podía decretar el secuestro administrativo cuando un impreso gráfico o sonoro contuviese noticias, comentarios o informaciones que fuesen contrarios a la unidad de España, constituyesen demérito o menoscabo de la monarquía o que de cualquier forma atentase al prestigio institucional de las Fuerzas Armadas. Muy hábilmente se tomó una medida de alcance, cuyos efectos impidieron a los ciudadanos cuestionarse la monarquía como forma de la Jefatura del Estado.

Durante la Transición primero, y más tarde, a lo largo de su reinado, los medios de comunicación españoles, salvo contadas excepciones, se autoadministraron sucesivamente una dosis de amnesia y otra de tolerancia o ignorancia o tratamiento benévolo de aquellos aspectos que afectaban al Rey, su casa y su familia, de modo que ese «pacto tácito» tuvo una vigencia inesperada.

En los artículos 490 y 491 del Código Penal para S. M. el Rey de España, su familia y parientes, ascendientes o descendientes, se establece un blindaje a toda crítica en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de estas, que puede tener responsabilidad penal. Tales artículos son una extravagancia histórica y una excepcionalidad con respecto al resto de las monarquías europeas. Sorprende que el Código Penal vele también con efectos retroactivos por todos los antepasados (ascendientes) de su majestad en el ejercicio de sus funciones. Aquí hay un problema complejo. En cuanto a los ascendientes, ¿hasta qué momento del pasado nos remontamos? Nos detenemos en Felipe V, el Rey que instauró la dinastía borbónica. Los susodichos artículos en su ambigüedad no especifican en qué persona empieza la progenie, ¿con los Reyes Católicos, con Fernando III el Santo, con Pelayo o con Leovigildo? Por ende, no sería descabellado derivar de lo expuesto, que quienes nos dedicamos a la historia y hayamos tenido la osadía de presentar los abusos o debilidades de los ascendientes de la familia real, podríamos ser castigados con multas por ofensa o injuria a la Corona.

No olvidemos que Fernando VII cometió un delito de alta traición, ya que el 2 de abril de 1808 publicó un decreto condenando a quienes se enfrentasen a los franceses o cuando felicitaba a Napoleón por sus victorias sobre los españoles, que trataban de devolverle el trono de España. Y que Alfonso XIII no respetó la legalidad de la Constitución de 1876, permitiendo el golpe militar de Miguel Primo de Rivera.

Además, la sociedad española ha sido extraordinariamente generosa con la familia real, al concederle numerosos privilegios. Jaime de Marichalar fue miembro de la comisión ejecutiva de Portland Valderribas, empresa perteneciente a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Presidente de la Fundación Winterthur integrada en el grupo Crédit Suisse. Director gerente de Crédit Suisse First Boston en Madrid. Miembro del Consejo de Administración de la empresa Loewwe. La infanta Cristina de Borbón, en la Fundación La Caixa, Iñaki Urdangarin, miembro del Comité Olímpico Español y director de Planificación y Desarrollo por la empresa Octagon Esedos, SL.

Los miembros de la familia real lo han tenido todo, pero para algunos, como el emérito, no era suficiente. Y así ha dilapidado por su falta de ejemplaridad toda la confianza que depositaron en él muchos españoles. Y la ejemplaridad es muy importante en la familia, en la escuela, en la sociedad y, sobre todo, en la actividad política, ya que el ejemplo de sus dirigentes sirve, si es positivo, para cohesionar la sociedad, y si es negativo, para fragmentarla y atomizarla.

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