Memoria del oprobio

Resulta sorprendente y, desde luego inaceptable, la actitud del actual Ayuntamiento de Zaragoza ante sus reiterados incumplimientos a la hora de aplicar la actual legislación en materia de memoria democrática. Ahí está su rechazo a depurar del callejero urbano de la capital aragonesa los nombres que honran a figuras vinculados, sin ningún género de dudas, a la exaltación y legitimación de la pasada dictadura franquista cual es el caso, entre otros, de Gonzalo Calamita Álvarez, Miguel Allue Salvador o del arzobispo Rigoberto Domenech Valls.

Pero no sólo es preciso suprimir, por un elemental sentido democrático las denominaciones evocadoras de la pasada dictadura, sino que resulta también preciso revocar diversas menciones honoríficas que el Ayuntamiento de Zaragoza concedió durante el franquismo y una de ellas sería la concesión en 1943 de la Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza a los llamados Voluntarios del primer día del Glorioso Movimiento Nacional.

La referida distinción pretendía premiar a todos aquellos voluntarios civiles que se unieron a los militares sublevados en Zaragoza contra el Gobierno legítimo de la Segunda República el 18 de julio de 1936. De este modo, como señala Ángel Alcalde Fernández en su excelente libro Lazos de sangre. Los apoyos sociales a la sublevación militar en Zaragoza. La Junta Recaudatoria Civil (2010), la corporación zaragozana distinguió a «la fuerza de choque con que contaron los militares golpistas para efectuar el asalto al Estado republicano» y que estaba compuesta por las bases juveniles de la CEDA, sus fascistizadas Juventudes de Acción Popular (JAP) y, sobre todo, por «las genuinamente fascistas de Falange Española y de las JONS, así como por parte de un reducido núcleo de requetés carlistas aragoneses».

La función de estos voluntarios del primer día, como señala Ángel Alcalde, era la de «ser fuerza de choque de la sublevación», así como la de actuar como «un estímulo ideológico en el seno de las unidades militares entre las que fueron distribuidos». Por otra parte, estos voluntarios se establecieron en el Cuartel de Castillejos, uno de los puntos neurálgicos del golpe militar en la capital aragonesa, y según relata el diario El Noticiero en su edición del día 25 de julio de 1936, desde allí partían los voluntarios en sus expediciones, que no sólo eran «acciones de guerra», sino que también actuaron ocupando diversos pueblos de la provincia a los que se extendió la sublevación, custodiando ayuntamientos, realizando patrullas, escoltando expediciones, además de efectuar cacheos y registros en las «barriadas rojas» con objeto, como señalaba dicho diario, de ir «extirpando focos peligrosos marxistas», expresión inequívoca del papel desempeñado por estos voluntarios en la brutal represión sufrida por aquellos ciudadanos que se habían caracterizado por su lealtad al gobierno legítimo de la República.

Ángel Alcalde señala cómo el Ayuntamiento de Zaragoza elaboró una lista de 414 nombres, listado recogido en las actas de la comisión gestora, en los cuales se anotaron los nombres de quienes, enterados de la concesión, habían presentado avales que demostraban que el 18 de julio «se habían presentado a colaborar en la sublevación». Dicha concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad, tuvo lugar en 1943, siendo alcalde de la ciudad Francisco Caballero, cuando se cumplió el 7º aniversario del alzamiento militar, y de ello quedó testimonio, como señalaba también la historiadora Ángela Cenarro, en las actas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza del 15 de julio de 1943 y del 7 de agosto de 1944.

Por su parte, Ángel Alcalde identifica «con seguridad» a una cincuentena de estos «voluntarios del primer día». Por sectores, el más destacado es el de afines a Falange, entre los que se cita a Miguel Merino Ezquerro, Pedro Sainz Inglés, Orencio Citoler, Melchor Rocatallada, grupo en el cual habría que incluir igualmente a los componentes del falangista Sindicato Español Universitario (SEU), todos ellos muy jóvenes, como Ramón Martínez Berganza, el estudiante de medicina de 19 años Antonio Zubiri Vidal, a Guillermo Fatás Ojuel, que todavía no había cumplido los 18 años, o a Miguel París Plou, natural de Letux, que tan sólo tenía 16 años y que más tarde combatiría en la División Azul.

También las JAP aportaron un contingente de jóvenes que se sumaron con entusiasmo a los golpistas, entre ellos, los hermanos Luis y Antonio Blasco del Cacho, Florencio Izuzquiza Galindo, o los también hermanos Agustín, Anselmo y Luis Loscertales Mercadal, hijos de uno de los militares golpistas sublevados en Zaragoza, el teniente coronel Anselmo Loscertales.

En el referido listado, también hubo un recuerdo para algunos de los «camaradas caídos» en el frente durante la guerra como fue el caso de Baltasar Ostalé, Jesús Marina, o Fermín Ester Moneva, Lo mismo se hizo con Gerardo Oroquieta Arbiol, que se sumó al golpe con 18 años y que luego marchó a la División Azul, donde fue dado por muerto, aunque reapareció tiempo después tras haber estado cautivo en territorio soviético.

Pero la referida medalla de plata no sólo se concedió a estos jóvenes fascistas o fascistizados, sino que también se hizo extensiva a otras personas adictas al alzamiento como fue el caso del crítico de arte Felipe Bernardos Pérez, del abogado falangista Fausto Jordana de Pozas, director comercial de Talleres Mercier o a Gustavo Freudental, fotógrafo y cónsul de la Alemania nazi en Zaragoza. En esta lista también figuran médicos como Carmelo Navarro Garriga o Mariano Vicente Carceller, el arquitecto Alejandro Allanegui Pérez, así como Raimundo Almudí y Ponce de Leon (propietario del cabaret Elíseos), el comerciante Felipe Lafuente Subirón, o José Luis Arantegui que en la posguerra llegaría a ascender a general de Caballería.

Esta distinción, esta Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza a «los voluntarios del primer día del Glorioso Movimiento Nacional», este anacronismo oprobioso carente de toda justificación en una sociedad democrática, y que incumple flagrantemente la vigente legislación en materia de memoria democrática, debería ser revocado de forma inmediata por el Ayuntamiento de Zaragoza sin dilación.

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