CERRAR GUANTÁNAMO

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En 1898, cuando los patriotas cubanos con el apoyo del ejército americano pusieron fin al dominio colonial español, la isla, en vez de lograr su plena soberanía, se convirtió en un protectorado de los EE.UU., en una nueva pieza del expansionismo norteamericano en el Caribe. Por ello, en 1901, el Congreso de los EE.UU. impuso un Apéndice a la nueva Constitución de la República de Cuba, bajo la amenaza de que de no ser aceptado, la isla permanecería ocupada militarmente de forma indefinida, podía ser el preludio de una posible anexión similar a lo ocurrido en Puerto Rico. De este modo, la conocida como "Enmienda Platt", en su artículo 7º, establecía la cesión de suelo cubano para el establecimiento de bases navales por parte de EE.UU., la potencia ocupante. Así, en febrero de 1903, la US Navy, recibía como "concesión perpetua", 116 km² en la bahía de Guantánamo. A cambio, EE.UU. debía abonar un alquiler de 2.000 $ anuales, cantidad que se pagó al gobierno cubano hasta que, llegado Fidel Castro al poder, se negó a cobrarla para denunciar la ocupación "ilegítima" que la base de Guantánamo suponía para la soberanía de Cuba.

En la actualidad, y desde principios del 2002, Guantánamo se ha convertido en un siniestro campo de detención para prisioneros islámicos talibanes o de Al-Qeda. A estos presos, EE.UU. los define como "combatientes enemigos ilegales" y, de forma arbitraria, ha decidido no aplicarles la IV Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra. Para ello, al Administración Bush se apoya en una argucia: como nominalmente Guantánamo sigue siendo territorio cubano, EE.UU. alega que los allí detenidos se encuentran fuera de territorio federal y, por ello, carecen de los derechos que tendrían si estuvieran detenidos en los EE.UU.

De este modo, en Guantánamo se incumplen de forma flagrante numerosos artículos de la citada Convención de Ginebra, entre otros los relativos a la prohibición de palizas, torturas y maltratos psicológicos (art. 13), las humillaciones sexuales (art. 14), el encarcelamiento en celdas de reducido tamaño (art. 21), y el deber de ser restituídos a su país de origen una vez finalizadas las hostilidades, así como la prohibición de aplicar detenciones por tiempo indefinido a los prisioneros (art. 118).

Ante semejante aberración jurídica, ante tan flagrantes violaciones de los derechos humanos, la situación ha sido denunciada en diversos informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, del Comité Internacional de la Cruz Roja. El pasado mes de febrero, la Comisión de Expertos de la ONU, en un demoledor informe, tras denunciar las graves violaciones de la legislación internacional cometidas, no dudaba en afirmar que "el Gobierno de EE.UU. deberá cerrar las instalaciones de Guantánamo sin tardanza".

Los prisioneros habían sido trasladados, sin ningún tipo de control judicial, en vuelos clandestinos e ilegales de la CIA con el apoyo y connivencia de algunos países occidentales, hasta el punto de que en noviembre de 2005, The Washington Post ya denunció la existencia de cárceles clandestinas dirigidas por la CIA no sólo en diversos países árabes sino, también, en Rumanía, Polonia y Escocia. Los supuestos terroristas islámicos, además de los procedentes de Afganistán e Irak, habían sido raptados por la CIA en 12 países distintos :Yugoslavia, Paquistán, Indonesia, Azerbaiján, Albania, Nigeria, Filipinas, Kenia, áfrica del Sur, Canadá e incluso Alemania e Italia., país este último en donde se secuestró en plena calle al imán musulmán de Milán. Para ello, la CIA ha contado con la colaboración de los servicios secretos de algunos países árabes que se sienten amenazados por la creciente ola de islamismo radical, como Egipto, Jordania, Arabia Saudí o Siria.

Todas estas circunstancias han generado un profundo rechazo hacia la política belicista norteamericana y también en contra del empleo de la tortura bajo el pretexto de combatir el terrorismo internacional. Es el momento de que, con la misma firmeza con la que la inmensa mayoría de la ciudadanía española nos opusimos a la guerra de Irak, hagamos ahora oir nuestra voz para reclamar el cumplimiento estricto de la legalidad internacional, el final de la ocupación militar de dicho país y la supresión de la tortura y otras prácticas propias de la guerra sucia. Hay que exigir el cierre inmediato de Guantánamo, la prisión irakí de Abu Grahib, la afgana de Pul-i-Jarji, y la de otros lugares de detención y tortura clandestina cuya localización permanece oculta y que sólo han servido para fomentar el radicalismo islámico y el odio hacia Occidente y sus valores. De ahí que el cierre de todos estos siniestros lugares y la abolición de la tortura, sea, hoy, un imperativo moral y político inaplazable.