EL ESPECTRO DE CUELGAMUROS

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José Ramón Villanueva Herrero

 

La reciente sentencia del Juzgado nº 2 del San Lorenzo de El Escorial  para exhumar los restos de los hermanos bilbilitanos  Manuel y Antonio Lapeña Altabás  ha vuelto a poner de actualidad la historia del Valle de los Caídos, del espectro de Cuelgamuros, una exaltación ostentosa del franquismo, una pesada losa que sigue pesando sobre nuestra historia y memoria democrática.

El 1º de abril de 1940, cuando se cumplía un año del final de la guerra civil, el “día de la Victoria” en la terminología de la dictadura, tuvo lugar el acto inaugural de las obras de construcción del más tarde conocido como Valle de los Caídos. Ante los embajadores de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Portugal salazarista, el general Franco detonó la primera carga de dinamita para perforar la roca granítica en lo alto del valle de Cuelgamuros, en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama.

Desde su origen, este proyecto tuvo un claro significado político, cargado de ideología fascista como se refleja  en el Decreto de 1º de abril de 1940 por el que se disponía “se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes” con objeto de “perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada”, la cual debía perdurar en el tiempo razón por la cual  se pretendía que “las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido” y, de este modo, convertirse en “un templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria”.

El significado político e intemporal quedaba claro en la voluntad del régimen el cual se empeñó con ahínco en su pronta realización. Según Pedro Muguruza, el entonces Director General de Arquitectura  y responsable del proyecto, Franco tenía “vehementes deseos” de que las obras de la cripta, se terminasen  en el plazo de un año, para inaugurarla el 1º de abril de 1941, estimando que el resto del conjunto monumental se concluiría  en el transcurso de otros 5 años. Sin embargo, la magnitud del proyecto hizo que las obras  se prolongasen durante 20 años a pesar de que en ellas trabajaron,  un total de 20.000 obreros, muchos de ellos presos políticos republicanos, explotados como mano de obra esclava, como recordaba Julián Casanova,  por empresas como Banús, Huarte o Agromán. En consecuencia, el conjunto monumental  no se inauguraría hasta el 1º de abril de 1959, coincidiendo con el “XX aniversario de la Victoria”.

Por entonces se decidió trasladar a “la gran obra” los restos no sólo de los “héroes y mártires” del bando rebelde, sino también, los de soldados y civiles  a los que las autoridades franquistas calificaban como “rojos”. La razón de este cambio, ocurrida a mediados de la década de los años cincuenta, como señalaba Belén Moreno, se debió a un intento propagandístico del régimen de transmitir una falsa imagen de “reconciliación” para ganarse la simpatía de las democracias occidentales y, para ello, Cuelgamuros tenía que convertirse en un lugar que aceptase “caídos” sin distinción del bando en el que habían combatido. Así, en el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957 de creación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se decía cínicamente que ésta pretendía impulsar “una política guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad”, una reconciliación que pretendía simbolizar “la robusta horizontalidad de los brazos de la cruz monumental que ampara por igual a todos los españoles”.

 El Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares conserva. algunas actas del Consejo de Obras del Monumento a los Caídos, creado en 1941 y que funcionó hasta 1967 en las que se recogen detalles sobre los traslados de los restos a dicho lugar. Así, sabemos que se encomendó a la Guardia Civil  realizar listados de los muertos y asesinados en las distintas localidades, así como “un informe referente a los deseos de los familiares” acerca del posible traslado de dichos restos a Cuelgamuros (Acta nº 85, 30 diciembre 1957). Esto último, si bien fue aplicado de forma escrupulosa para el caso de los muertos “nacionales”, (la familia de Calvo Sotelo se negó al traslado), la voluntad de los familiares de las víctimas republicanas nunca fue tenida en cuenta, nunca se pidió su autorización, ni tan siquiera fueron informados, por lo que el hecho de llevar sus restos a Cuelgamuros y enterrados donde en 1975 lo sería el dictador, como señalaba Baltasar Garzón, suponía para ellas “una nueva revictimización.

Por su parte, Camilo Alonso Vega, entonces ministro de la Gobernación, dictó diversas instrucciones de cómo debían de efectuarse los traslados de los restos, entre ellas, hasta las medidas de las cajas donde debían depositarse (60x30x30 cm. para los restos individuales identificados y 120x60x60 cm. para los restos colectivos sin posible identificación), a la vez que ordenaba se realizase un mapa por cada provincia en la que se debían de indicar todas las poblaciones con enterramientos y fosas así como el números de éstas. De este modo, los traslados contabilizados fueron 491, desde finales de 1958 hasta 1983. Según documentación oficial, el número de restos registrados sería de 33.833 personas, de ellos, 21.423 son víctimas identificadas y 12.410 pertenecen a personas desconocidas. Dichos datos, posiblemente incompletos, aluden a los restos procedentes de las provincias aragonesas: Huesca (532), Zaragoza (3.430) y Teruel (4.590). No obstante, a fecha de hoy, la situación de las galerías que los albergan es tan mala que la humedad ha deshecho las cajas que los ordenaban y los huesos se han mezclado haciendo difícil, casi imposible, su identificación, como advertía el antropólogo forense Francisco Etxeberría.

Por todo ello, a fecha de hoy resulta inaplazable contextualizar el  auténtico significado de Cuelgamuros,  limpiarlo de todo vestigio franquista para  convertirlo en un Lugar de la Memoria, lo  cual supone, por supuesto, la salida de la basílica de los cuerpos de Franco y José Antonio además de  arbitrar las medidas precisas para la exhumación e identificación de las víctimas que así lo deseen. Sólo así se disipará este espectro del pasado, por un elemental sentido de justicia democrática, y  por la reparación debida a la memoria de las víctimas del franquismo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 mayo 2016)

 

 

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