MEMORIA HISTÓRICA

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El día 10 de Mayo de 1986 se reunió la Asamblea extraordinaria de la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) cuyo objetivo era decidir la aceptación o rechazo de los conciertos educativos que habían de firmarse con la Administración. D. Elías Yanes, en aquel entonces, presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, intervino para defender su firma. Las reflexiones que realizó, entonces, creo que es oportuno recordarlas hoy: "La no firma sería contraproducente para la Iglesia: existe el riesgo de utilización política en la próxima campaña electoral... Es posible la tentación de instituciones y asociaciones de Iglesia de diversos signo de entrar en el terreno del forcejeo político".

Hoy, algunos creyentes de nuestro país pueden sentir una cierta perplejidad. No logran comprender que ha cambiado en estos años para que la postura de una parte de la Jerarquía Católica sea tan distinta. Si nos atenemos a algunas declaraciones y manifestaciones se puede pensar que existe el riesgo de caer en la tentación de entrar en el "terreno del forcejeo político". Nuestra historia nos enseña que no sería bueno para nuestra convivencia que se pudiera producir una identificación de una determinada opción política y la religión católica.

¿Qué está sucediendo en nuestro país para que no podamos armonizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos con el pluralismo de creencias de esos mismos ciudadanos?

No parece suficiente creer que el problema sea la LOE, cuando mantiene el mismo sistema en relación a la religión que existe actualmente. Quienes deseen enseñanza religiosa, la tienen garantizada y quienes no la deseen, no se les impone. Por tanto, se cumple el artículo 16 de nuestra Constitución.

En el discurso de apertura de la última reunión de la Conferencia Episcopal decía su Presidente: "Deseamos que se pueda alcanzar un acuerdo razonable y duradero. Esperamos que sea posible todavía el pacto educativo". Posible y necesario será ese diálogo para acordar, una vez aprobada la Ley y normalizada la situación del profesorado que la imparte, la forma y modo de impartir la Religión en la escuela. Sería conveniente que la jerarquía se plantease qué está sucediendo en las aulas. Ya que a medida que los alumnos deciden ellos, y no sus padres, abandonan mayoritariamente las clases de religión.

Tampoco se entiende que el problema sea la libertad de elección de centro escolar, cuando las pautas son las mismas que las de la LODE, y que, a su vez, fueron ratificadas por el Tribunal Constitucional.

No parece, si nos atenemos a las declaraciones del Presidente de la FERE, que el problema sea que desean que en los centros religiosos se anteponga el derecho al ideario propio y la libertad de elección de centro, a los principios de solidaridad y corresponsabilidad social en la escolarización.

Tras la experiencia que estamos viviendo en nuestro país vecino, creo que todos debemos de coincidir en la necesidad de no crear guetos escolares. La escuela francesa no ha sido capaz de reducir los obstáculos para la integración, porque ha entendido la enseñanza como algo separado de la educación. Es decir, no ha tenido en cuenta las características psicológicas, sociales y culturales de cada individuo y no ha logrado ayudar a quienes más lo necesitaban. Quizá una mayor integración habría podido permitir su progresiva incorporación en los sectores económicos, políticos y culturales que vertebran una sociedad.

Nuestra realidad actual es difícil, pues los problemas que podemos tener en las clases, se duplican por los inmigrantes. En la actualidad la mayoría de estos alumnos están en la red pública, por lo que es necesario un reparto equilibrado entre las dos redes. Para conseguirlo sería necesario reforzar los medios materiales y humanos. Así se podría realizar dicha oferta en igualdad de condiciones de gratuidad en las dos redes.

En la situación que estamos viviendo nos parece que puede existir el riesgo de enfrentamiento entre un laicismo excluyente y anticlerical, y un dogmatismo teológico religioso. Una parte de la Iglesia está confundiendo el derecho a proclamar sus valores, sus propias certezas de fe, y la pretensión de que esos valores sean determinantes en el trabajo político y en la legislación para todos los ciudadanos.

¿No sería necesario preguntarse si la situación actual no está exigiendo una cambio de talante de la Iglesia y volver a la actitud dialogante, abierta y crítica de los documentos "Gadium et spes" y "Dignitatis humanae"? En ellos se expresa que: "La Iglesia no debe confundirse con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno. La Iglesia no debe poner su esperanza en privilegios dados por el poder civil, renunciando incluso al ejercicio de ciertos derechos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio... Las cosas creadas y la sociedad gozan de leyes propias y valores que les confieren derecho a una legítima autonomía”.