Fiscalidad y estado de bienestar

Enviado por cmarquesanm el Sáb, 25/09/2021 - 17:11
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Para el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar son necesarios recursos económicos. Y estos provienen de los impuestos. Sobre esta cuestión fiscal, me basaré en el artículo Las transformaciones del derecho tributario de Miguel Ángel Mayo del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Hay insuficiencia de recursos fundamentalmente por dos razones: un sistema fiscal injusto y no progresivo; y por un fraude fiscal descomunal.

El fraude fiscal en España supera ligeramente el 20% del PIB, o lo que es lo mismo, 1 de cada 5 euros escapa al control fiscal, representando una pérdida de recaudación superior a los 60.000 millones de euros anuales. Pero todavía más grave es que nuestras cifras de fraude son 10 puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de la UE. Hablamos de la media, no de países como Dinamarca o Suecia cuyo fraude es del 4%. Por ende, solo con rebajar nuestro fraude en estos 10 puntos que nos diferencian de la media citada, podríamos ingresar al año cerca de 30.000 millones.

Algo no funciona. Estudios académicos sobre el fraude fiscal apuntan dos conclusiones con un amplio consenso. El cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una administración tributaria poco eficaz (se compensan y neutralizan así los efectos recaudatorios de la subida de impuestos). Y el cumplimiento tributario aumenta cuando la administración ejerce una mejor gestión y control, lo que es una prueba irrefutable de efecto multiplicador de inversión en recursos para la gestión tributaria. Lamentablemente en España mientras el defraudador va en Ferrari, Hacienda va en transporte público.

Pero profundicemos en el problema del fraude, preguntándonos quién defrauda y cuáles son los mecanismos para eludir al fisco. Para responder a la primera pregunta, es más fácil observar quién realmente no defrauda, que es, la clase asalariada.

En la actualidad, los recursos del Estado se nutren básicamente de dos impuestos. El IRPF, que en 2019 supuso un 44% de los ingresos por impuestos, siendo las rentas del trabajo el 83,7% de la recaudación. Y el IVA, un impuesto totalmente regresivo, que aporta el 32% de la recaudación impositiva.

En el otro vértice de la justicia impositiva, los defraudadores y al respecto se estima que más del 72% del fraude lo llevan a cabo los grandes patrimonios y las grandes empresas. Pueden hacerlo debido a las sofisticadas normativas fiscales de algunos países y territorios, que están contribuyendo a la pesadilla financiera que vivimos. Para dar una idea de la eficacia de estos paraísos fiscales (para los ciudadanos infiernos fiscales), nos puede servir que la empresa de asesoramiento económico Merryl Lynch estima que unos 6 billones de dólares están en esos territorios. El FMI calcula que una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en ellos, y la OCDE establece que la evasión fiscal realizada a través de los paraísos fiscales, alcanza los 600.000 millones de dólares. Estos agujeros fiscales son inasumibles y más en estos momentos de caída de los ingresos tributarios, fruto de la pandemia y sus secuelas económicas. La consecuencia es contundente. Si disminuyen los ingresos por impuestos por el fraude fiscal endémico en nuestro sistema tributario, debemos endeudarnos, y tal deuda tendremos que pagarla. Veamos sus secuelas.

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Desde el inicio de la crisis económica de 2008 hemos incrementado nuestra deuda pública en más de 500.000 millones de euros. Así, mientras que en 2008 cada español debía una cifra en torno a 9.500 euros, a inicios de 2020 era ya de 25.900. Ignoro el incremento tras el inicio de la pandemia. En el ejercicio 2018, España pagó en intereses de la deuda 29.301 millones de euros, el 2,4% del PIB. O lo que es lo mismo, 80,3 millones cada día, 3,3 cada hora, cifra que se mantuvo en 2019, lo que equivale más de la mitad del gasto educativo o el 40% del sanitario.

Ante el desfase de ingresos y gastos públicos, además del recurso a los mercados financieros, en el periodo 2008-2018 el Estado decidió subir los impuestos más recaudatorios (IRPF e IVA) y que a la larga han sido los más regresivos para la ciudadanía y ceder en la imposición directa sobre las empresas, reduciendo tipos nominales y efectivos del impuesto de sociedades.

Es obvio una necesidad urgente de una reforma fiscal en sentido progresivo, que es lo que establece nuestra Constitución en su artículo 31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Y por supuesto, combatir el fraude fiscal. Sobre ambas cuestiones, he analizado los programas de los 4 partidos más importantes de las últimas elecciones generales. En el de Vox nada de impuestos progresivos ni sobre el fraude fiscal. En el del PP, por supuesto nada de imposición progresiva y en cuanto al fraude una cita muy vaga «Reforzaremos las políticas de lucha contra el fraude fiscal, potenciando el uso de los medios humanos y tecnológicos». En ambos ni siquiera aparece la palabra «paraíso fiscal». Olvido extraño. En los del PSOE y Unidas Podemos abogan por un impuesto progresivo, crear estructuras para combatir el fraude fiscal, mucho más desarrolladas en UP, y ambos también citan taxativamente la palabra «paraíso fiscal».

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