Según Ángel García Fontanet, que fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: «El Poder Judicial, para muchos, no ha sido objeto de una auténtica democratización. Es lamentable que demasiados jueces «progresistas» se han dedicado más a cultivar sus propias carreras que a la tan necesaria reforma democrática de la justicia. Aunque no es una tarea fácil, como ha sucedido en otras instituciones públicas y privadas. El Poder Judicial, a veces, parece empeñado en dar las razones a los autores de tales reproches. Los ejemplos abundan, como su posición reticente a la ley de la Memoria Democrática». Todavía hoy, si vas a la web del Tribunal Supremo (TS), cuando habla de su propia historia, salta de 1931 a 1978, como si no hubiera existido durante la guerra y la dictadura. Pero la realidad histórica no se puede ocultar. Cuanto mayor ha sido la implicación de la justicia ordinaria en una represión dictatorial –como en España– mayor resistencia existe a la hora de impulsar políticas de Justicia Transicional. Nunca se ha denunciado públicamente su colaboración con la represión franquista, ni el trasvase de muchos de sus miembros más conservadores –incluso de los jueces y fiscales del Tribunal del Orden Público– al TS o la Audiencia Nacional. Por ello, quizá podemos entender que sobre la exhumación del dictador Franco en 2019, los magistrados del TS argumentaron para paralizarla que «el hecho de que fuera jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975, atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales, que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible, a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si esta, después, fuere considerada contraria a Derecho». Cinco magistrados del TS decidieron «por unanimidad», reconocer explícitamente a Franco como jefe de Estado, lo que supone obviar el golpe militar y comulgar con la historiográfica franquista. Ahora mismo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid ha suspendido cautelarmente –¡qué sorpresa!– la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entre en el fondo del recurso interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la cual solicitó la suspensión alegando el «Derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas». En la página web de tal asociación se destaca que la Ley de Memoria Democrática nos pondrá al nivel de Cuba, Venezuela y Corea del Norte. En el menú, hay un apartado fakes más destacadas. La estafa de los bebés robados por el Franquismo, descrita así: «La izquierda por medio del Juez prevaricador Baltasar Garzón nos ha vendido la trola de que el Franquismo se dedicó a robar a cientos de miles de bebés. Una trola importada desde Argentina y que aquí ha causado un gran revuelo pero que al final ha quedado evidenciado como un gran fake». Y otra fake, Franco: El Genocida que no fue, en cuyo preámbulo se especifica: «El propósito de este artículo es demostrar con datos, que el General Franco, lejos de ser el genocida que nos presentan, combatió y venció en el campo de batalla a quienes sí lo estaban siendo, asesinando a religiosos y a todo aquel que pudiera ser contrario a su revolución, puesta en marcha en España tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936». Surrealista. El conservadurismo militante de la Justicia lo podemos observar en otras recientes actuaciones judiciales. La Fiscalía Provincial de Madrid archivó las diligencias abiertas por el chat de los exmilitares que pedían fusilar a 26 millones de hijos de puta. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la querella de la Fiscalía contra Rocío Monasterio, por la falsificación chapucera, mas demostrada, de un visado del Colegio de Aparejadores de Madrid. Sobre el cartel xenófobo de Vox en la campaña electoral de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid argumentó que la publicidad del partido es un «eslogan electoral» y no se puede considerar que represente unas «ideas a prohibir». El Juzgado de los Contencioso Administrativo de Zaragoza ordenó al Ayuntamiento de Zaragoza retirar la pancarta LGTBI del balcón, tras estimar la medida cautelarísima interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos contra la iniciativa municipal. El confinamiento decretado por Pedro Sánchez en marzo de 2020 fue adoptado al margen de la Constitución, según la sentencia del Tribunal Constitucional en respuesta a la petición de Vox. Algunos partidos políticos o asociaciones por incapacidad o por razones espurias –el conseguir por las togas lo no alcanzado en las urnas– transfieren a los jueces cuestiones políticas, que deberían resolverse en el ámbito de la política a través del diálogo, la negociación o el voto. Tal recurso a los tribunales es porque tienen indicios de que las sentencias les serán favorables. El problema de la justicia española es que los jueces cuando actúan, no están exentos de parcialidad, ya que tienen su propia ideología.
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