José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 de diciembre 2025)
Las recientes y constantes noticias que estos días hacen referencia a casos de corrupción, están causando un grave daño a la salud democrática de nuestra sociedad. De hecho, como señalaba el magistrado Joaquím Bosch en su libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España (2022), “el político corrupto es el villano por excelencia de la democracia”. Dicha obra, intenta analizar, de la mano de tan prestigioso jurista, este grave problema ya que, como señala, España “presenta niveles muy preocupantes de corrupción política”.
La corrupción no sólo es grave para la imagen de las instituciones que las amparan, para los políticos que se corrompen y, también, por la responsabilidad que en estas tramas tienen los corruptores que las propician. Además, la corrupción supone un inmenso daño económico a nuestra sociedad, el cual ha sido cuantificado por Armando Fernández Steinko y un Grupo de Investigación de la Universidad de Las Palmas, en una cuantía de no menos de 40.000 millones de euros anuales.
Por ello, resulta fundamental y urgente acabar con lo que ha sido dado en llamar “capitalismo clientelar” o “capitalismo de amiguetes”, esto es, con el trato de favor en las concesiones y contrataciones públicas a determinadas empresas a cambio de contraprestaciones económicas, las famosas “mordidas”, concedidas a partidos políticos o personas intermediarias “facilitadoras” de su concesión.
Para acabar con este cáncer de nuestra democracia que es la corrupción, y para evitar que ésta se convierta en sistémica, Manuel Villoria apuntaba toda una serie de medidas concretas, algunas tan evidentes como reducir los márgenes de discrecionalidad en la contratación pública, mayores niveles de transparencia o fomentar controles internos en los organismos públicos. Y, junto a estas medidas, otras no menos importantes como son proteger “con firmeza” a los denunciantes de casos de corrupción y, en esta misma línea, acabar con los aforamientos y con la concesión desmedida de indultos a condenados por corrupción ya que, como apuntaba Antonio Doval, éstos “multiplican por 11 las medidas de gracia que se emplean con el resto de los delitos”.
Para combatir la corrupción es también el papel y el compromiso de la ciudadanía, pues para ello cuenta, contamos, con instrumentos tales como los Canales Éticos contemplados en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Esta sería una buena terapia para frenar el cáncer de la corrupción que, de no hacerlo, afectaría gravemente a los cimientos y a la confianza en nuestras instituciones democráticas y en nuestros representantes políticos y, con ello, evitar también las demagógicas soflamas de la ultraderecha que con tanta frecuencia emplea el tema de la corrupción como ariete para socavar la confianza en la democracia en diversos sectores de la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes.
