José Ramón Villanueva Herrero
(Publicado en El Periódico de Aragón, 4 agosto 2024)
En la medianoche del 30 de julio de 1749, a instancias de una Orden del Marqués de la Ensenada, se produjo el prendimiento y arresto de toda la población gitana existente en los pueblos y ciudades de España. Dicha Orden señalaba que “se actuará con sigilo y diligencia y se procederá a incautar [a la población gitana] la totalidad de sus bienes”, razón por la cual, como señala Raúl Quinto en su obra Martinete del rey sombra (2023), “en la larga noche del 30 de julio de 1749, se produjo la mayor redada contra la población gitana de toda la negra y trágica historia de los gitanos de Europa”.
Las autoridades llevaban años preparando la redada. El “asunto gitano” lo organizó Ensenada junto con el obispo de Oviedo (Gaspar Vázquez Tablada) pues ambos consideraban que era “pertinente de atajar de una vez por todas la lepra social” que “pudre el reino”, actuación que contó con el apoyo del entonces Papa Benedicto XV. De entrada, se descartó la posibilidad de deportar a los gitanos a las colonias de América y, también, la de su asesinato masivo por ser “poco cristiano” e “improductivo” para el reino. En consecuencia, se optó por sacarles un rendimiento material y, por ello, las autoridades decidieron que los hombres serían enviados a los arsenales militares a trabajar como esclavos para reconstruir la Armada, el gran sueño de Ensenada, pues, como dijo el obispo Tablada, con ello se pretendía “curar el reino del mal gitano y emplear sus brazos en la construcción de los barcos que ganarán la guerra definitiva”.
El rechazo hacia el pueblo gitano venía de lejos. No sólo se debía al origen incierto del “pueblo de los caminos”, sino que en aquella época se les consideraba “malditos”, pues, “unos dicen que por haber forjado los clavos de Cristo y otros por haberlos robado”. La primera noticia documentada de la llegada de los entonces llamados “egipcianos” a España se remonta al 14 de agosto de 1425, cuando el rey Alfonso V de Aragón recibió en Zaragoza a un tal Juan de Egipto Menor que venía con “centenares” de los suyos de tierras lejanas y, es por ello, el primer gitano documentado de los reinos de España.
La vida de la población gitana siempre fue difícil. De hecho, desde 1499, fecha en la que se dictaron las primeras leyes contra los gitanos en Castilla y Aragón, diversas normativas reales aluden a este tema. Así, durante la dinastía de los Austrias, se empezó a aludir incluso a su exterminio o, cuando menos, a la expulsión total de los gitanos de los reinos hispánicos, al igual que había ocurrido con la población morisca. Con la llegada de la dinastía de los Borbones, también se tomaron diversas medidas contra la minoría gitana, entre ellas, algunas tan duras como la condena a galeras por diversos motivos o la de aplicar la pena de muerte a aquellos gitanos que fueran vistos en despoblados o con armas de fuego.
Volviendo a la Gran Redada de 1749, durante la misma los gitanos no pudieron refugiarse, buscando protección, en los recintos religiosos, porque el Vaticano autorizó al Consejo de Castilla “para eximir a los gitanos del tradicional refugio intocable de la Casa del Señor”. Además, tampoco pudieron buscar refugio en Portugal puesto que los que huyeron al país vecino, fueron devueltos por las autoridades lusas.
En consecuencia, el balance de la Gran Redada supuso la detención de 9.000 gitanos siendo posteriormente separados los hombres de las mujeres para “evitar su reproducción y diluir su raza en el trabajo y en la nada”, como apuntaba Raúl Quinto en su obra anteriormente citada. A su vez, a todos los detenidos se les incautaron sus escasos bienes para, con ellos, “sufragar los gastos que el cautiverio de sus dueños pudiera causar a las arcas del reino”.
Seguidamente, los gitanos varones fueron enviados a diversos astilleros y arsenales navales. Así, los gitanos de Andalucía fueron llevados al Arsenal de La Carraca de Cádiz y, dada la saturación del mismo, una parte de ellos serían luego enviados al Arsenal de La Graña de Ferrol. Por su parte, a los 600 gitanos procedentes de Murcia y Valencia, se les condujo a Cartagena, donde se les obligó a construir los muelles y diques del arsenal naval. En cuanto a los gitanos aragoneses, inicialmente estuvieron presos en el castillo de La Aljafería de Zaragoza antes de enviarlos a otros destinos.
Por otro lado, no se sabía qué hacer con las mujeres y los niños menores de 3 años, que, inicialmente fueron retenidos en la Alhambra de Granada y en la Alcazaba de Málaga, donde malvivieron en pésimas condiciones. Las autoridades pensaban emplearlas en hilar cáñamo para los arsenales o en mandarlas a fábricas de Castilla pero, nadie las quiere y, finalmente, se decidió enviarlas a la Real Casa de la Misericordia de Zaragoza, el actual Edificio Pignatelli. Tras embarcar en Málaga, llegaron a Tortosa, llegaron a la capital de Aragón remontando el río Ebro 653 mujeres y niños. En la citada Real Casa de la Misericordia, tras hacerles asistir a misa a las 5 de la mañana, se les hizo trabajar hilando lana y cáñamo y a los niños, cuando cumplían lo 8 años, se les enviaba a los arsenales a trabajar junto con los varones gitanos.
A modo de balance, según Raúl Quinto, “la gran redada fue un gran fracaso” y, demás, “la falta de planificación y el desborde obligó a dar marcha atrás”. Por ello, cerca de la mitad de los aprisionados consiguieron el indulto. Más tarde, el rey Carlos III ordenó un indulto general y, finalmente, los dos últimos gitanos que recobraron la libertad lo hicieron el 16 de marzo de 1767, esto es, casi 18 años más tarde de la Gran Redada.
En la trágica historia del pueblo gitano, todavía tenían una dramática cita con la historia: el Porrajmos, el holocausto romaní cometido por el nazismo durante la II Guerra Mundial, del cual la Gran Redada de 1749 fue un triste antecedente, una lamentable página de nuestra historia que ahora recordamos.
José Ramón Villanueva Herrero
Fundación Bernardo Aladrén
