José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: Nueva Tribuna, 23 octubre 2026)
La ciudad de Gaza, una de las poblaciones más antiguas de la Tierra, dado que ha sido habitada de forma ininterrumpida desde hace 5.000 años, parece estar destinada a correr un fatídico destino.
Desde entonces, la situación no ha dejado de deteriorarse de forma dramática para la población gazatí, que está siendo víctima de los demoledores ataques del ejército de Israel. Por ello, lo cierto es que los planes del Gobierno Benjamin Netanyahu para determinar el futuro de Gaza y de sus habitantes, los cuales se hallan en una dramática situación humanitaria, siguen delante de forma implacable desoyendo el clamor de la comunidad internacional que no ha dudado, tampoco España, en calificar de genocidio la actual tragedia que se está sufriendo en Gaza. Y es que el Gobierno hebreo no oculta su intención de hacer inhabitable la Franja y, como tiempo atrás admitió Eyal Zamir, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, sus tropas están empeñadas en la demolición, tanto de las infraestructuras civiles como de la amplia red de túneles subterráneos que existen en el territorio gazatí. A ello se suma que, según diversas fuentes, a fecha de hoy han sido destruidas total o parcialmente, el 92% de las viviendas de la Franja lo que, ciertamente, hace inhabitable dicho territorio palestino.
Hay que tener presente que la destrucción indiscriminada de infraestructuras civiles, incluidos los hospitales y suministros básicos de agua potable, a lo cual la opinión pública mundial estamos asistiendo en directo, es un crimen de guerra con arreglo a la legislación penal internacional que Israel se niega a acatar. Recordemos que estos hechos criminales están prohibidos por la Convención de Ginebra de 1864, ratificada posteriormente en 1949 y, más recientemente, por el artículo 54 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra en lo referente a la destrucción de los suministros de alimentos y agua de la población civil.
Además, el Gobierno ultraderechista de Netanyahu planea el traslado forzoso de los 1,3 millones de palestinos hacinados y que malviven en la Franja para ser posteriormente confinados en lo que cínicamente denomina una “ciudad humanitaria” al sur del territorio gazatí. Esta supuesta “ciudad humanitaria”, sería, en realidad, un reducto cercado donde los palestinos podrían entrar tras comprobar su identidad, pero del cual ya no sería posible su salida, esto es, un macro-campo de concentración, tal y como no ha dudado en calificarlo el ex primer ministro israelí, el centrista Ehud Olmert, algo que resulta injustificable y que no puede ser aceptado, ni tolerado, en la esfera pública internacional. Por otra parte, las intenciones de la derecha ultranacionalista israelí de diseñar un plan tendente a la ocupación total de la Franja, además de la oposición frontal de buena parte de la comunidad internacional, cuenta con un fuerte rechazo en el seno de la sociedad israelí. Tal es así que no sólo ha levantado suspicacias en el propio Ejército de Israel, como ha manifestado públicamente Eyal Zamir, el Jefe del Estado Mayor del ejército hebreo, sino con el rechazo de los partidos de oposición en el Knesset, el parlamento hebreo, pues como señaló el centrista Yair Lapid, la ocupación de Gaza “es un desastre que conducirá a muchos más desastres”.
Ante este desolador y devastador panorama en que se halla Gaza, una Comisión de la ONU ha calificado, obviamente, de genocidio el drama que está sucediendo ante nuestros ojos en la Franja y que de forma impune está cometiendo el gobierno ultraderechista israelí de Netanyahu. Este genocidio ha sido denunciado igualmente por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch (HRW), por la Asociación Internacional de Academias del Genocidio, por el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, así como por Francesca Albanese, la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Ocupados Palestinos y, también por varias ONGs israelíes como es el caso de B’Teselem o Physicians for Human Rights. Es por ello que, como declaró recientemente Aicha Elbasri, escritora marroquí y ex portavoz de la ONU en el conflicto de Darfur, lo que está sucediendo en Gaza “es un genocidio transmitido en directo”.
Hemos de tener presente que, como recordaba Andrea López-Tomás, el genocidio de Gaza presenta, con datos contrastados, “una tasa de extrema letalidad como no se había visto en las últimas décadas de guerras a nivel mundial”, una letalidad sólo superada por la matanza de Srebrenica durante la guerra de Bosnia (1992-1995), durante el genocidio de Ruanda (1994) o el asalto ruso a Mariúpol (2022), según señala el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsalam. Prueba de ello son, según la Agencia Árabe de Noticias (SANA), son ya 74.469 los palestinos muertos en Gaza, a los que habría que sumar los más de 170.000 heridos de diversa consideración que está dejando el conflicto y cuyas cifras siguen aumentando día a día.
Semejante devastación en Gaza, unida a la creciente represión y expansión de las colonias hebreas en Cisjordania, están haciendo inviable el futuro de un Estado Palestino. De hecho, el Gobierno de Israel, por boca de Bezabel Smotrich, su ministro de Finanzas y representante de los colonos ultranacionalistas judíos, no dudó en afirmar en el mes de agosto de 2024 que “El Estado Palestino está siendo borrado del mapa. No con eslóganes, sino con acciones”. Y esto, no sólo en la Gaza devastada, sino también en Cisjordania, donde este ministro ultraderechista ya ha planteado la construcción de 3.400 nuevas viviendas en la llamada Zona E1, la que separa a Jerusalem Este del asentamiento judío de Maale Adumin, lo cual supondrá una barrera transversal que dividirá de norte a sur a Cisjordania, algo que, como es lógico, cuenta con el total rechazo de la comunidad internacional pero… con el entusiasta apoyo de Donald Trump, el mismo que, en otro de sus delirios, propuso convertir la actualmente arrasada Franja de Gaza en un “resort vacacional”: sin comentarios.
Ante la magnitud de la devastación sufrida en la Franja de Gaza, varias veces señalada, el 21 de noviembre de 2024, Mohammed Mustafá, el Primer Ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), declaraba que “Israel debe asumir la responsabilidad de lo sucedido y contribuir significativamente, s no totalmente, a la reparación de los daños y a la reconstrucción de Gaza”, un territorio que, a fecha de hoy, está reducido a escombros y para cuya reconstrucción se necesitarán en torno a cuatro décadas. En este sentido, aunque diversos países han formado un Grupo de Donantes para ayudar a una reconstrucción urgente de la Franja, en el cual además de la Unión Europea (UE) se han sumado Noruega, Japón, Canadá y Nueva Zelanda, y que pretenden elaborar una agenda de reformas que irán unidas a las necesarias ayudas financieras, la situación actual resulta caótica para la ingente tarea que ello supone.
A tan funesto panorama se suma el hecho, especialmente grave, de que, desde hace meses, el Gobierno de Israel mantiene congeladas las transferencias de los impuestos que recauda en la Cisjordania ocupada en nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Un panorama desolador ante el cual la comunidad internacional tiene que hacer todo lo posible para poner fin al sufrimiento, dolor y muerte de que es víctima la población palestina.
