José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 diciembre 2024)
Cuando la sociedad queda enfangada por la corrupción, como los relacionados con el “caso Koldo” o con el de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la corrupción vuelve a convertirse en un indeseado protagonista de la vida política y, también, en un cáncer para la democracia que los padece.
Como recordaba Jesús Cintora en su libro No quieren que lo sepas (2022), “varios informes internacionales denuncian que en nuestro país los poderosos castigan al que denuncia o al que lo cuenta en los medios”. Así las cosas, desde Europa, las instituciones comunitarias o los grupos de lucha contra la corrupción han reprochado a nuestros gobernantes varias veces que este asunto es muy mejorable en España. Para ello es imprescindible que, como señalaba la asociación Transparencia Internacional, la protección para los que denuncian y luchan contra los corruptos y, para lograrlo, debería de aplicarse (y extenderse) a todas las administraciones públicas los recursos que nos ofrece el Canal Ético, tal y como se recoge en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, Así se evitaría que España siga apareciendo en “puestos muy mejorables en el ranking mundial de persecución de lo corrupto” ya que, como incide Cintora, “pocos peligros desmotivan más a un pueblo y erosionan tanto la credibilidad de una democracia que pensar que quien debe dar ejemplo goza de márgenes de impunidad”.
Caso especialmente grave es el tema de los reprobables y delictivos comportamientos del rey emérito Juan Carlos I que, dada la inviolabilidad que lo protege, hace que sus delitos sean “no perseguibles”, algo que carece de sentido si partimos de la base de que estamos en una democracia, y máxime si recordamos que había sido el propio monarca quien había declarado solemnemente, en su Mensaje de Navidad de 2011 que “todos somos iguales ante la ley” y que “la justicia es igual para todos”. Además, la inviolabilidad en estos supuestos va contra la “ejemplaridad” que es un principio exigible, de entrada, a todo mandatario o cargo público.
Veamos algunos datos sobre esta corrupción real: Juan Carlos I está vinculado a turbios negocios relacionados con la venta ilegal de armas junto con personajes como Manuel Prado y Colón de Carvajal y Adnan Khashogi, a través de la empresa Alkantara Iberian Export, razón por la cual, en julio de 2021, varios partidos pidieron, sin éxito, investigar este tema en el Congreso de los Diputados. Además, en marzo de 2022, la Fiscalía consideraba que Juan Carlos I ocultó 85.596.266 euros a Hacienda en distintos paraísos fiscales, pero no lo pudo perseguir por las prescripciones y la inviolabilidad que lo protegen. De hecho, las investigaciones abiertas contra él se archivaron con la firma de Dolores Delgado, la Fiscal General del Estado y exministra de Justicia con el PSOE. Por otra parte, hay que recordar que, más recientemente, en el mes de diciembre de este año, varios exmagistrados del Tribunal Supremo y exfiscales presentaron una querella criminal contra Juan Carlos I por 5 delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2014-2018 y que no habían prescrito.
David López Canales, autor del libro Heredarás mi reino, en una entrevista publicada en El Periódico de Aragón el pasado 29 de marzo de 2024, era rotundo al afirmar que, en el caso de Juan Carlos I, “se ha demostrado que ha sido un rey corrupto”, además de recordar que ha recibido dinero de “muchísimos empresarios y de muchos mandatarios de países extranjeros” entre ellos, los 200 millones recibidos de Arabia Saudí o los 2 millones de euros que le entregó el sultán de Bahréin y, por ello, “uno se puede cuestionar hasta qué punto trabajaba para España, país del que era Rey, o trabajaba para aquellos que le pagaban más”, lo cual puede llegar a ser más grave que si de una malversación se tratara.
A todos estos hechos, sin duda reprobables, se une el de que Juan Carlos I haya trasladado su residencia fiscal a Abu Dabi, con lo cual su fortuna ha dejado de tributar en la Hacienda española.
Por todo lo dicho, ante todos estos despropósitos, no resulta extraño que el CIS lleve una década, esto es, desde 2014, sin preguntarnos a la ciudadanía nuestra opinión sobre la monarquía. Ello nos vuelve a plantear una cuestión pendiente: los españoles nunca hemos tenido la posibilidad de optar, por la vía de un referéndum, sobre la forma de Jefatura del Estado que consideremos idónea, esto es, optar entre la actual monarquía constitucional o la alternativa que supone una República, tal vez, de signo federal algo que no fue no fue posible durante la Transición y el período constituyente, ni tampoco parece serlo en estos momentos y, por ello, ante una monarquía desacreditada por la corrupción real protagonizada por Juan Carlos I, este tema sigue siendo una deuda pendiente de nuestra democracia.
