José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 diciembre 2024)
En estas fechas de involución democrática como consecuencia de la derogación por parte de la entente PP-Vox de diversas leyes autonómicas de memoria democrática, tal y como ha ocurrido en Aragón, resulta muy oportuna la lectura del libro de Francisco Moreno Gómez titulado Los desaparecidos de Franco, Un estudio factual y teórico en el contexto de crímenes internacionales y Comisiones de la Verdad (2018). Y es que, una de las cuestiones más dolorosas de estas sectarias derogaciones, ha sido el abandono en que quedan las familias que, después de tantos años, siguen reclamando la recuperación de los restos de las víctimas, algo que no debería tener ninguna connotación política dado que es un signo de elemental sentido de humanidad y justicia reparadora. A ello ayuda este libro dado que supone una meritoria recuperación de hechos, datos concretos y testimonios de familiares de los desaparecidos.
Pese a las demagógicas consignas de la envalentonada extrema derecha de que las leyes de memoria democrática eran “sectarias” o, “delirantes y malvadas”, como señalaba sin ningún rubor Alejandro Nolasco en las Cortes de Aragón el pasado 28 de noviembre, y por ello había que derogarlas, la realidad es que el único sectarismo es el que alentó el franquismo durante sus cuatro décadas de existencia y que han heredado, ya en el período democrático, los nostálgicos de la dictadura, cada vez más arrogantes. Y es que resulta innegable que los vencedores de la Guerra de España de 1936-1939, como nos recuerda Moreno, «escribieron una historia falsa, y hoy la quieren mantener, vituperando a la República, falseando la guerra (nunca hablan de golpe militar), todo en contra de los hechos y en contra de los mínimos valores democráticos que no sienten”.
Además, la entente PP-Vox ha dejado muestras patentes de su insensibilidad ante el drama doloroso de las desapariciones, de las víctimas de la guerra y de la dictadura, una cuestión todavía sangrante en nuestra sociedad. Y, por ello, ignoran e incumplen deliberadamente la legislación que, en esta materia, es “deber de Estado”, entre ella, el Conjunto de Principios para la protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad de la ONU de 8 de febrero de 2005, especialmente en los que se refiere al Principio 3 el cual señala que “la salvación de la memoria colectiva también es obra del Estado”, enfatizando, además, que “estas medidas deben estar encaminas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas o negacionistas”.
Si partimos de la evidencia de que el franquismo causó en España una catástrofe humanitaria, cimentándose sobre la matanza fundacional de sus adversarios, resulta obvio que, con arreglo a la legislación penal internacional, se trata de “crímenes de lesa humanidad” y, consecuentemente, son imprescriptibles y no amnistiables. Así se recoge en el Estatuto de Nüremberg de 8 de agosto de 1945 y en el Estatuto de Roma de 1998, en concreto, en su artículo 7. En ellos se especifica como crímenes de lesa humanidad los asesinatos, deportaciones o exilios, encarcelamientos masivos, torturas, persecución de un grupo racial o político, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos causantes de grandes sufrimientos o que atenten gravemente contra la integridad física o mental de las personas y que, como nos recuerda Moreno, “Franco los quebrantó todos”. En consecuencia, el régimen franquista, desde un punto de vista ético, político y jurídico, nunca puede ser blanqueado como pretende ahora el neofascismo.
Por todo lo dicho, resulta importante e inaplazable trabajar desde las administraciones públicas en las tareas de exhumación en la multitud de fosas comunes que, para nuestro oprobio, todavía salpican nuestra geografía e interpelan a nuestras conciencias. Debería avergonzarnos el que, a fecha de hoy, siga habiendo tantas fosas pendientes de localizar y exhumar, máxime cuando, e insisto en ello, la legislación internacional explicita claramente que se trata de “un deber de Estado”. Mientras esto no ocurra, mientras se entierren las políticas públicas de memoria democrática como consecuencia de la ola reaccionaria que nos invade, mientras las instituciones que ellas controlan den la espalda a la justicia reparadora para con nuestros conciudadanos yacentes, las asociaciones memorialistas y la sociedad civil consciente de este deber moral, seguirá golpeando los muros de indiferencia e insensibilidad que han levantado la alianza fatídica que suponen las políticas que, en este tema, están llevando a cabo tanto PP como Vox.
